El país vive desde hace algún tiempo una situación de casi anarquía, parecería que el lema es el título de esta nota. Veamos algunos casos. El más notorio es sin duda la solicitud de 25.000 propietarios de vehículos chutos que, organizados bajo alguna denominación, solicitan una nueva amnistía para legalizar la internación de ese elevado número de autos. Esto significa que desde la anterior amnistía, de la cual aún no ha transcurrido un año, han ingresado por contrabando y son aceptados dentro del territorio nacional un promedio de 83 vehículos por día. Esto suena a algo digno de inscribirse en el registro Guinness.
¿No hay culpables? ¿No existen controles aduaneros? Por qué tienen que darse facilidades auspiciadas por el Parlamento, que debería ser el primero en exigir que se cumplan las leyes. Lo elemental es que como el resto de los ciudadanos que han cumplido las normas y el pago de impuestos sobre los automóviles que adquieren, estos propietarios cumplan con lo que corresponde. ¿Por qué amnistía?
De aquí a poco esto puede dar lugar a que se funde la “Asociación de Ladrones Honestos”, que sería públicamente reconocida, solicite a la Policía Nacional y al Servicio de Impuestos Nacionales les permita vender públicamente el fruto de las sustracciones en casas, departamentos y vehículos, porque han invertido esfuerzo y riesgo. ¿No les parece similar?
Otro caso, ante un pedido específico el Tribunal Constitucional se pronuncia señalando que para las elecciones de diciembre la representación para diputados debe respetar el principio constitucional de asignación a los departamentos en función a la población.
Se trata de un hecho simple, sobre el cual no debería haber objeción. Sin embargo, tres departamentos se rasgan las vestiduras como si uno o dos diputados menos le significaran algún problema. Se anuncia el principio de una guerra civil. Pero, ¡por Dios!, el Congreso Nacional y los partidos políticos ¿no tienen cosas más importantes para construir el país que dedicar horas y días enteros para analizar un tema intrascendente? ¡Viva la ilegalidad!
El sector del transporte se empeña sistemáticamente en ser ilegal. Primero, en nuestras ciudades las normas que tratan de imponer los servicios municipales, Tránsito y la Superintendencia de Transportes, son permanentemente rechazados en la práctica cotidiana.
Pero algo que es francamente inaceptable para el resto de la ciudadanía, porque afecta nuestros bolsillos, es la negativa a emitir factura. Si usted envía un sobre o una encomienda mediante Ecobol, le extienden factura con todas las de la ley, pero si hace lo mismo mediante una flota, no hay factura, por lo tanto usted no puede descargarse ante el SIN. Empresas cuyo capital supera los 50.000 dólares como mínimo se niegan a cumplir esta obligación de extender factura. ¡Viva la ilegalidad!
Por todo lo anterior, parecería deseable que todos como ciudadanos entendamos que para una convivencia civilizada debemos aprender a vivir bajo un Estado de Derecho. Tan simple como eso.
* Hernán Zeballos es boliviano.
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