Las pericias institucionales
María Teresa Zegada*

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Como dijimos hace algunas semanas, la crisis por la que ha atravesado el país en mayo y junio pasados y que nos ha conducido al borde del abismo y del enfrentamiento violento, encontró una solución coyuntural pacífica y concertada a través de un acuerdo político que permita primero una sucesión constitucional, segundo que esta sucesión conduzca a un proceso electoral de renovación total del sistema político en el corto plazo, y otros acuerdos que permitieron restablecer el equilibrio de fuerzas y realizar los ajustes necesarios en los marcos de la institucionalidad democrática, mediante la convocatoria a la elección de prefectos, el referéndum por las autonomías por una parte, y la convocatoria a la Asamblea Constituyente por otra.

El proceso electoral nacional aparecía entonces como un proceso incuestionable y necesario para la institucionalidad democrática boliviana y, como todos sabemos, esta decisión ha requerido de la modificación de la Constitución que, por los antecedentes señalados, fue absolutamente necesaria y lejos de percibirse como un acto que vulnera la institucionalidad, ha sido asumido por todos los actores como una salida institucional viable y posible.

El reciente fallo del Tribunal, si bien no es cuestionable en su contenido jurídico, ha perforado un proceso electoral que fue lanzado bajo ciertas reglas de juego, y resulta ciertamente inoportuno en un momento en que ya se ha iniciado el proceso.

Es como pretender modificar las reglas de un partido —de fútbol— cuando ya se ha iniciado el juego, y por supuesto sin un acuerdo entre los competidores; del mismo modo en los próximos días podrían producirse otros fallos que esta vez cuestionen la convocatoria a la elección de prefectos o la propia convocatoria a elecciones generales, y entonces ¿en qué quedamos? El resultado del fallo, como todos hemos podido percibir, ha generado grandes incertidumbres, la exacerbación de las sensibilidades regionales y el enfrentamiento. De pronto uno o dos diputados se convierten en “cuestión de estado”, tanto para las regiones que los ganan como para las que los pierden.

Existe pues un problema de procedimiento, o si se quiere secuencial, en sentido de que el Parlamento debió realizar esta reasignación en cuanto se obtuvieron resultados oficiales del censo del 2001, clarificando y adecuando la norma a la reconfiguración poblacional del país.

Este debate, en su momento debió ser abordado y resuelto sin implicar el riesgo de un proceso electoral tan delicado y crucial como el actual, porque en estas circunstancias, lo que en su momento era una decisión jurídica incuestionable aparece como objeto de una manipulación política y de intereses regionales que genera una gran confusión.

En un momento de precaria estabilidad, cualquier factor de desequilibrio se convierte en una amenaza y retorno a la incertidumbre generalizada. Los acuerdos sociales y políticos fueron capaces de defender la institucionalidad en su momento, habrá que apelar nuevamente a la capacidad concertadora de los actores y comprender que la base de la institucionalidad son los acuerdos, que se traducen en reglas claras y ciertas para garantizar, en este caso, el proceso electoral y sus posteriores resultados.

*María Teresa Zegada
es socióloga.