Calidad o cantidad de parlamentarios
Carlos Alberto Mostajo*

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La Sentencia Constitucional 0066/2005 del TC ha declarado inconstitucional el artículo 88 de la Ley Electoral e instado al Poder Legislativo a que con carácter de urgencia sancione la Ley modificatoria del mismo, ajustándose a lo previsto por el artículo 60 - VI de la CPE que determina que la distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por ley en base al número de habitantes de acuerdo al último Censo Nacional.

Dicho fallo debe cumplirse. La CNE habría expresado que esperará hasta el 20 de octubre para que el Poder Legislativo modifique el artículo 88 de la Ley Electoral. Los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas también podrían elaborar sus listas rectificatorias de candidatos hasta esa fecha, claro está, si es que tuvieran la voluntad política para hacerlo.

Para la generalidad de los bolivianos, es lógico que los departamentos que tienen mayor población tengan proporcionalmente mayor representación parlamentaria. Esa es una regla de oro, por lo que esperamos el cumplimiento de la Sentencia Constitucional y el desarrollo de las elecciones sin más tropiezos.

En todas partes del mundo, los fallos de los máximos tribunales de justicia se cumplen y en Bolivia debería ocurrir lo propio. Es hora de que los políticos calculadores y los dirigentes cívicos de los 3 departamentos supuestamente afectados acepten que en octubre de 2003 el país cambió.

El mayor o menor número de escaños parlamentarios, no beneficia ni perjudica a ningún departamento, ya que no es la cantidad sino la calidad de los parlamentarios la que puede dar lugar a un trabajo positivo del Poder Legislativo. La cantidad sólo sirve para el caso de definirse en el Congreso la elección del Presidente y del Vicepresidente favoreciendo a una u otra fórmula y para acomodar a algunos políticos. Lo demás es sólo sofisma.

El TGN mantiene a 314 parlamentarios, entre titulares y suplentes. De esos 314 congresistas, no llegan ni a 50 los que se salvan del rechazo colectivo, vale decir, escasamente el 16% de los congresistas. El resto, el 84%, sólo han servido para levantar sus manos en las votaciones y para consumir una enorme porción de los recursos del TGN.

Las elecciones generales convocadas para el 4 de diciembre, no deben sufrir retraso alguno ni menos ser suspendidas. Es necesaria la renovación de los miembros del Congreso al mismo tiempo de elegir Presidente y Vicepresidente de la República, para acatar la ley, cumplir los acuerdos políticos de junio y evitar una explosión social.

*Carlos Alberto Mostajo
es abogado.
carlos@mostajo.com