La amenaza de renuncia del presidente Eduardo Rodríguez, trae a la memoria los peores momentos de la chúcara administración de Carlos Mesa cuando el país estuvo varias veces al borde del abismo. Eso era debido a que la peor debacle de un estado centralista como Bolivia, ocurre cuando se percibe que la presidencia está acéfala. Es lo que comúnmente se llama "vacío de poder". Mesa creó esa sensación las dos o tres veces que anunció su renuncia y también cuando se negó a promulgar la Ley de Hidrocarburos pues eso generó graves conflictos despertando otros que se encontraban latentes. Si en aquella oportunidad nos salvamos fue, entre otras cosas, debido a que el Poder Legislativo (con perdón de sus actuales dirigentes) estaba conducido por dos hombres de gran experiencia política como Hormando Vaca Díez y Mario Cossío. De veras que ahora se nota la ausencia de ambos, sobre todo la de Hormando.
La notificación que, el Sábado último, nos hizo el presidente de la república diciendo que, con elecciones o sin ellas, él abandonará su silla en enero próximo, ha creado nuevas y variadas complicaciones, ensombreciendo aún más el horizonte político del país. Peor aún con el anuncio de que volvería a su puesto anterior en la Corte Suprema pues transmitió la sensación (probablemente errónea pero así percibida) de que él está más interesado en resguardar su cargo en el Poder Judicial que en asumir sus responsabilidades como jefe de Estado.
Se podría argüir que al presidente actual no le quedaba otro camino puesto que él recibió un mandato con fecha fija e improrrogable y, lo que es más importante, porque así lo manda la Constitución. Pero si la realidad era esa, bien pudo haberse callado y tomar sus decisiones llegado el momento sin necesidad de anunciarlas con ruido de cámaras y micrófonos. Entonces, si lo criticaban por la sospecha de que estaba queriendo prorrogarse en el mando, sus detractores se iban a llevar un chasco cuando él anunciara su decisión en enero.
Una prórroga razonable del mandato presidencial sería comprensible y nada impopular si se lo hace atendiendo a la necesidad de que se lleven a cabo las elecciones generales y no por el deseo deliberado de prorrogarse. Lo que el pueblo rechaza con vehemencia y unanimidad, es la pretensión (que ya se insinúa) de los parlamentarios para permanecer en sus cargos boicoteando las elecciones. Si los "padres de la patria" adoptan esa posición, están arriesgando no sólo la estabilidad del país sino su propia integridad física.
Una consecuencia del inoportuno anuncio presidencial, es el debilitamiento que ha sufrido la autoridad del doctor Rodríguez Veltzé para mediar, orientar y atender las situaciones políticas tan complejas que estamos viviendo y que se están reproduciendo y multiplicando a gran velocidad.
Otra cosa que el presidente Rodríguez debería evitar (a fin de no caer en el síndrome Mesa) es un enfrentamiento con el Congreso lo que ahora es inminente si él no toma un mínimo de precauciones y conserva la serenidad que hasta ahora ha demostrado. Hay indicios que presagian tormenta puesto que la salida del nuevo laberinto en que nos encontramos, está en manos del Congreso más que en las de cualquier otra institución o persona. Es responsabilidad legislativa dictar las resoluciones o normas conducentes a la realización de elecciones en la fecha prevista y a la luz de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC). Y es deseable que esas decisiones surjan de un consenso y no de una pugna.
Los interesados en impedir las elecciones en la fecha prevista, coinciden sólo en eso y son enemigos en todo lo demás. Tal es el caso de ciertos movimientos populares para quienes lo único importante es la Constituyente mientras las elecciones de enero son innecesarias. Esta última posición es la misma adoptada por el gonismo, corriente que necesita el desorden para dilatar indefinidamente el juicio de responsabilidades. ¡Ni tontos que fueran para no actuar así!
También entran en el juego sectores resentidos por la decisión del TC sobre el aumento de escaños parlamentarios a Santa Cruz y Cochabamba. Ha surgido un grupo, bien intencionado pero mal orientado, que sostiene que lo resuelto por el TC es aplicable sólo a futuras elecciones y no a éstas lo cual repugna a un elemental raciocinio. En efecto, ¿dónde está la retroactividad en aplicar una regla a un evento (como las elecciones de enero) que aun no ha tenido lugar? ¿Acaso las cifras del censo del 2001 se están aplicando, por ejemplo, para anular las elecciones de 1997 y no para regir en las del 2005? El fallo del TC, cierto, altera la composición de una lista de candidatos previamente registrada pero en eso no hay retroactividad alguna sino rectificación de un número que una decisión congresal está en la obligación de refrendar.
En fin, esta semana es crucial. La solidez del Estado boliviano está nuevamente a prueba.
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