En reiteradas oportunidades, el candidato a la vicepresidencia, don Álvaro García Linera, ha manifestado públicamente que en el plan gubernativo de su corriente política está contemplada la exportación de gas a Chile. Él ha indicado que para ello será necesario hacer comprender a nuestro pueblo las ventajas que esta venta nos reportará ya que es menester tener en cuenta que nuestros dos principales compradores, Brasil y Argentina, son países productores de gas, mientras que Chile no lo es y lo necesita urgentemente.
Verdaderamente sorprende que el MAS tenga proyectado la venta de gas a Chile, porque precisamente la oposición a dicha venta fue uno de los motivos más fuertes que se utilizó para derrocar al gobierno del presidente Sánchez de Lozada. Pero sabemos que en nuestro país todo cambia y quizás los hombres de “Evo” hayan recapacitado, influidos naturalmente por García Linera, y actualmente piensan que Chile es a fin de cuentas el mejor mercado sudamericano para el gas.
Ahora bien, para poder concretar la comercialización del gas por Chile, es importante que se actualice el proyecto de construcción de un gasoducto a ese país y, asimismo, el de la instalación de una planta de licuefacción de ese elemento en el puerto de Patillos.
Como se sabe, el proyecto en el puerto de Patillos suponía una inversión superior a los cinco mil millones de dólares. Comprendía un complejo proceso de licuefacción de gas para poder ser exportado a Estados Unidos y México en un volumen inicial de gas entre 30 y 40 millones de metros cúbicos diarios.
Para poder concretar tan importante proyecto, el Estado chileno daría en concesión al Estado boliviano, por un período de 50 años prorrogables por iguales períodos, de una superficie aproximada de 600 hectáreas, ampliables de común acuerdo en función de las necesidades del proyecto, para el establecimiento de una zona franca, denominada Zona Económica Especial, destinada a la recepción, procesamiento, industrialización y comercialización del petróleo, gas natural, sus derivados y subproductos y otras actividades industriales y de servicios asociados.
Además, el complejo industrial en Patillos, no estaría afecto a gravámenes arancelarios aduaneros o a impuestos del Estado chileno. Y Bolivia tendría el derecho de fiscalizar y auditar a las empresas operatorias en la zona franca para el fiel cumplimiento de las franquicias tributarias y aduaneras. En materia laboral, la legislación boliviana sería la aplicable, menos para los trabajadores de nacionalidad chilena. Para estos fines, el gobierno chileno otorgaría las facilidades necesarias, incluidas las migratorias y las de residencia que fueran del caso.
A solicitud boliviana, el Gobierno del Perú también presentó un proyecto semejante para la posible construcción de un gasoducto hacia un puerto de ese país, si es que el pueblo boliviano rechazaba la solución por Chile. Pero el proyecto peruano adolecía de tres grandes defectos. Primero: la construcción de un gasoducto hasta el Perú es económicamente inviable por su alto costo y, por ello, las empresas explotadoras de gas nunca consideraron tal eventualidad. Segundo: la concesión ofrecida no se otorgaba al Estado boliviano, como se había concertado con Chile, sino sólo a las empresas privadas. Tercero: nunca se determinó cuál sería el puerto donde se llevaría a cabo el complejo industrial, porque primeramente se había pensado en Ilo, pero luego se observó que ese puerto estaba muy poblado, y el complejo, por contener elementos inflamables, requiere de una zona despoblada.
Lamentablemente, el gobierno del presidente Carlos Mesa, sin hacer conocer al país estos graves
inconvenientes, decidió intempestivamente aprobar el proyecto peruano y determinar que el gasoducto sea construido hacia ese país. Pero como las decisiones políticas que no están sustentadas en lo económico no son factibles de llevarse a la práctica, el proyecto de venta de gas a Chile y a ultramar quedó en el vacío.
Con el gobierno del presidente don Eduardo Rodríguez, las relaciones con Chile han mejorado ostensiblemente. Se ha llegado a la importante situación de que el gobierno del presidente Lagos ya no rechaza tratar el tema marítimo. En consecuencia, sería muy conveniente que los otros candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República también se pronuncien por el tendido del gasoducto hacia Chile y, de este modo, nuestro país pueda romper el peligroso “anillo energético” que se está creando en el continente con el fin de imponerle un dogal de venta de altos volúmenes de gas a bajos precios, dogal del cual le sería muy difícil salir en el futuro.
*Ramiro Prudencio es historiador y diplomático.
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