Los escaños de la discordia
René Cardozo S.J.*

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Los conflictos suscitados por el fallo del Tribunal Constitucional sobre la redistribución de escaños parlamentarios, muestra varias facetas de una realidad boliviana, en la que se mezclan los aspectos más contradictorios y pone de manifiesto la distancia cada vez mayor entre el país de la legalidad y las leyes en el papel, de los procesos sociales y la realidad del ciudadano de a pie.

Un primer elemento a tener en cuenta en toda esta situación confusa es el que Bolivia vive actualmente un proceso de transición. Se trata, en efecto, de un Gobierno de transición que deberá elegir en las urnas otro gobierno también de transición hacia la redacción de una nueva Constitución Política del Estado. La Asamblea Constituyente, soberana, tendrá la potestad de redefinir la estructura institucional del país, en la que se redefinirá también la composición del Congreso Nacional, el número de sus integrantes, y quizá su propia finalidad.

La necesidad de operar una redistribución de escaños en este momento puede ser inoportuna si se tiene en cuenta este proceso transitorio que deberá abordar este problema con la seriedad, serenidad y madurez que exige, en su momento.

Otro elemento a tener en cuenta en el actual escenario político es la carencia de una cultura democrática y de espacios de concertación en las propias instituciones del Estado y la Sociedad Civil. En este marco todo abordaje a la solución de problemas estructurales pasa por la presión de ganar, sin perder absolutamente nada a cambio.

Al mismo tiempo son las propias élites las que siguen confiscando el poder político y atribuyéndose la soberanía del pueblo, cuando a éste, poco o nada se le consulta. De esta forma el país se encuentra trabado en la lucha por escaños parlamentarios que, en el último tiempo, han perdido mucho de su representatividad y legitimidad.

Finalmente, cada vez se va haciendo más evidente la existencia de partidos políticos y otros actores políticos, económicos y sociales, que no quieren perder espacios de poder y que ante ello utilizarán todos los medios posibles para que ello no suceda. Estos sectores y corporaciones subordinan claramente el interés de la nación a los cálculos e intereses particulares y no se abren a ninguna posibilidad de consenso y negociación.

Bolivia es un país radicalmente injusto, y lo seguirá siendo en la medida en que la legalidad sea discrecionalmente utilizada para favorecer intereses no siempre claros, poniendo en entredicho la propia autoridad del Estado. La ley está al servicio de la sociedad y debe responder en última instancia a su fin último. De lo contrario se corre el riesgo de construir dos Bolivias: la legal y la real.

*René Cardozo
es sacerdote jesuita y es diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.