La Casa Blanca vive inmersa en problemas que podrían agravarse esta semana si el fiscal que investiga la divulgación de la identidad de una espía acusa a altos funcionarios del Gobierno.
A su base política le ha disgustado una respuesta deficiente al desastre causado por el huracán Katrina a finales de agosto, así como la nominación por parte de George W. Bush de su abogada personal, Harriet Miers, para el Tribunal Supremo.
Por si fuera poco, el principal asesor político del presidente, Karl Rove, a quien Bush llamó el “arquitecto” de su reelección electoral, podría ser enjuiciado esta semana por el caso “Valerie Plame”. Ese es el nombre de la espía de la que Rove y Lewis “Scooter” Libby, el jefe de gabinete del vicepresidente, Dick Cheney, hablaron con periodistas en 2003, a pesar de que divulgar intencionadamente el nombre de un agente secreto es un delito en EEUU.
El objetivo de sus charlas parece haber sido desacreditar al marido de Plame, el diplomático Joseph Wilson, quien refutó la acusación de Bush de que Saddam Hussein había intentado comprar uranio en Níger para fabricar una bomba nuclear. Los expertos legales creen probable que el fiscal envíe a la Casa Blanca cargos de perjurio y obstrucción a la justicia. Washington, EFE