En el marco de la XV Cumbre Iberoamericana, realizada en Salamanca hace un par de semanas, los 22 jefes de Estado y de gobierno propusieron la creación de una escuela de gobierno, con la finalidad de colaborar efectivamente en la formación de cuadros políticos de la región.
La propuesta surge luego de varias crisis políticas y sociales que han vivido distintos países latinoamericanos y que han puesto en entredicho la gobernación de los distintos países. Efectivamente, el sistema político en el continente sufre un profundo desprestigio acentuado, entre otras cosas, por la corrupción imperante y por los abusos de poder.
Al mismo tiempo, se pone de manifiesto el hecho de que muchos candidatos a cargos jerárquicos del Estado y a la propia administración pública carecen de una formación política, social y económica, altamente necesaria para el ejercicio de sus funciones. Los servidores del Estado deberían ser formados dentro de un marco de servicio público en el más alto interés del propio Estado.
De esta forma, la existencia de una escuela de gobierno puede ser un espacio de enorme utilidad para dotar de instrumentos necesarios a todos aquellos que puedan llegar a ejercer cargos importantes dentro de la administración y las distintas instituciones del Estado.
Sin embargo, esta formación no puede estar separada de la realidad social, coadyuvando a canalizar efectivamente las demandas de los sectores más marginados.
De igual forma, es necesaria una institucionalización seria de la carrera del funcionario público, y la mejora en la calidad de la administración pública.
Bolivia no es una excepción a la regla, y en muchos procesos políticos se ha evidenciado la carencia de formación pública y política en muchos de los que ejercen cargos jerárquicos o están en el Parlamento. Esta deficiencia se la puede situar tanto en niveles nacionales, como departamentales y municipales. Una mala formación en políticas de Estado y en administración provoca, en muchos casos, un aumento de corrientes corporativas, regionales y particulares que defienden intereses sectarios y no el interés de Estado.
Por otro lado, la carrera de ciencias políticas, que imparten varias universidades estatales y privadas de Bolivia, no ha conseguido ser este espacio efectivo y un puente necesario de formación política para futuros dirigentes políticos y para cualificar la administración del Estado.
Por ello, la idea de una escuela de gobierno puede contribuir a fortalecer el Estado, a comprender los problemas a partir del interés público y común, y finalmente podrían devolver cierta credibilidad a un sistema político muy desprestigiado.
*René Cardozo es sacerdote jesuita y diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.
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El doble discurso es sorprendente por parte de quienes defienden a ultranza hoy la Constitución Política del Estado (CPE). Por ejemplo, uno es el Comité Cívico de Santa Cruz
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