La desconcertante crisis electoral
José Luis Roca*

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El comunicado de la Corte Electoral anunciando la imposibilidad material de llevar a cabo las elecciones generales el 2 de diciembre, ha dado lugar a que la discusión sobre los escaños parlamentarios salga del Congreso Nacional y se radique en Santa Cruz.

Lo anterior se debe a que transcurrido más de un mes, los parlamentarios no han podido dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que les ordena sancionar una ley que redistribuya los escaños según los resultados del censo del 2001.

Los opositores más intransigentes a cumplir la sentencia del TC, han sido las brigadas de Potosí, Oruro y La Paz, en ese orden, compuestas en su mayoría por militantes del MAS. Sin embargo, la jefatura de este partido exige elecciones generales inmediatas.

Los otros candidatos presidenciales siguen anclados en un discurso insincero. Igual que Evo Morales, se pronuncian a favor de las elecciones y de la democracia pero no dicen una palabra que señale donde se encuentra la constitucionalidad. Temen perder votos.

Esta falta de transparencia ha nublado el panorama político sembrando confusión que llega hasta los medios y, por consiguiente, al grueso de la opinión pública. Estamos asistiendo a una alocada contienda de todos contra todos y de todos contra nadie.

En medio de este leviatán de disparates, los mismos diputados que durante una veintena de sesiones han bloqueado toda solución al impasse, se quejan de unos fantasmas contrarios al sistema democrático pero no se culpan. Y niegan sus apetitos de prórroga.

Instituciones como iglesia y Fuerzas Armadas se unen al coro de los amantes de la democracia y el proceso electoral. Pero, en sus jaculatorias, tampoco señalan donde está la constitución y la ley. Se agotan en tiernos llamados de paz social y unidad patriótica.

Se me ocurre que una manera práctica de contribuir a superar esta situación, que no tiene precedentes, es analizando con cierta frialdad el fenómeno histórico-social que lo ha generado para luego situarnos en la coyuntura que estamos viviendo en estos días.

A mi entender, este problema se origina por la aparición de los movimientos sociales en la ciudad de El Alto que están desplazando a la élite tradicional paceña (empresarios, políticos e intelectuales) responsable de la orientación del país durante más de un siglo.

En forma paralela a lo anterior, Santa Cruz ha surgido como candidata a nueva región hegemónica. Esto se debe a conocidos factores, tales como su potencial económico (agroindustria, hidrocarburos, comercio) y a su inusitado crecimiento demográfico.

Una región que declina (la occidental) y otra que florece (la oriental) ha determinado que ambas pugnen por mayor influencia en la conducción del país. Es debido a eso que los parlamentarios no obedecen a sus partidos sino a sus organizaciones cívicas locales.

Estos acontecimientos han actualizado el perenne anhelo de las regiones bolivianas de lograr una identidad única y propia. Esto se refleja en la actual búsqueda de acuerdos entre la élite paceña y los sectores sociales emergentes de la combativa ciudad alteña.

Tal es el contexto en el que se dicta la sentencia de 22 de septiembre último, del TC. Ella no contiene ambigüedad ni retórica alguna, pero eso no ha sido suficiente para convencer a los departamentos que se consideran perjudicados que cumplan con la ley.

La esperanza estriba ahora en que la reunión de Santa Cruz encuentre la fórmula cuasi mágica para evitar la tragedia del desorden, las amenazas y el enfrentamiento por la vía de los hechos. De allí puede salir el proyecto final a ser aprobado por el Congreso.

Lo deplorable es que el presidente Rodríguez ya no tiene fuerza para resolver el conflicto mediante decreto. Cometió el error de poner en la mesa, antes de tiempo, su carta de triunfo y perderse así entre otras siete u ocho propuestas rechazadas de plano.

La pugna está ahora focalizada entre los cambas del Oriente y los collas del Occidente, lo cual ha hecho aflorar emociones y sentimientos que permanecían latentes y que vuelven a prevalecer, nublando así las querellas sociales, económicas o clasistas.

Es presumible que la posición de Santa Cruz termine imponiéndose por la razón de su legalidad, por la fuerza de su economía y por su naciente liderazgo nacional. En tal caso, las elecciones se realizarían en una de las nuevas fechas previstas por la Corte.

Podría presentarse, sin embargo, el más indeseable de los escenarios: que las regiones sujetas a disminución de escaños, sigan impidiendo la aprobación de una ley que no les favorezca. En este caso, el conflicto regional sufriría un peligroso descontrol.

Si ocurriera esto último, el país se vería frente a una situación semejante a la que, en varias ocasiones, vivió en el pasado cuando las cosas se decidieron mediante el uso de la fuerza. Las posibilidades de que este extremo pudiera suceder hoy, no son nada remotas.

*José Luis Roca
es abogado e historiador.
jlrocag@acelerate.com