• CUANDO ERA PODEROSO • Fernando Kieffer se dirige al Congreso, como parlamentario. Fue en enero del 2002.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

A eso se comprometió ayer el fiscal Williams Alave, quien fue designado por la Fiscalía General de la República para llevar adelante esos tres procesos. Alave informó que ya concluyó el análisis de toda la documentación y ahora procederá a recibir las declaraciones, en la ciudad de Sucre.

La Fiscalía diseñó estrategia para cinco juicios de responsabilidades, además del que se pretende instalar contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

La Fiscalía confirmó oficialmente que distribuyó los expedientes de los cinco procesos a ex ministros y prefectos, entre dos fiscales: Williams Alave y Ramiro López. Ambos, se unieron al equipo conformado por sus colegas Mirna Arancibia y Milton Mendoza en Sucre, que investigan los hechos de octubre de 2003 y, también en Sucre, tomarán declaraciones de los implicados en todos los casos.

Los cuatro fiscales conformarán una Secretaría Técnica para impulsar cada proceso en particular sin disparidades.

En ese marco, el fiscal Alave se comprometió ayer a aclarar los casos que le tocaron: uno es del caso Beechcraft donde está implicado el ex ministro de Defensa, Fernando Kieffer, los ex ministros de la Presidencia Carlos Iturralde y de Hacienda Edgar Millares, entre otros, acusados por delitos de malversación de fondos públicos, uso indebido de influencias que habrían cometido después del terremoto en las localidades de Aiquile, Totora y Mizque de Cochabamba, en mayo de 1998; el del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle por la venta de chatarra, bienes y muebles del gobierno departamental; y el del ex prefecto de Tarija Gustavo Aguirre por los presuntos narcovínculos del MIR.

Al fiscal López le corresponden el caso del ex ministro de Salud Tonchy Marinkovic por la presunta compra con sobreprecio de vacunas para el sarampión y poliomielitis; y el del ex prefecto de Santa Cruz Rolando Aróstegui acusado de haber cometido supuestos delitos económicos. Redacción Sucre y ANF