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El delegado para Asuntos Políticos, Jorge Lazarte, dijo que el Gobierno optó por nominar a personas representativas de la sociedad en este espacio de diálogo para evitar “corporativizar” el debate hacia la Constituyente. “Damos paso a la representación de un grupo y empieza un segundo y empieza un tercero, y en Bolivia se sabe que hay más de 1.000 grupos sociales organizados; entonces, esa idea simplemente no funciona, desde el punto de vista práctico, pero estos grupos van a ser consultados en el proceso de discusión”, explicó.

Enfatizó que los delegados del Consejo no tienen, de ninguna manera, asegurados sus puestos en la Constituyente, ya que su labor será la de ordenar el debate y construir algunos consensos previos que pueden o no ser tomados en cuenta en la Asamblea.

Según las disposiciones legales en vigencia, la Asamblea Constituyente, que tiene el objetivo de rediseñar el nuevo Estado mediante la reforma total a la Constitución Política del Estado, se realizará el siguiente año.