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Los países en la cuerda floja son Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México. Bolivia, por su parte, aún debe definir su posición.

El presidente George Bush tiene potestad para sacar a esos países de la lista negra por motivos de “interés nacional”, pero no lo ha hecho en el pasado.

A quien sí ha eximido fue a Argentina, por estar entre los “aliados importantes” de EEUU, una categoría que también incluye a Australia y Jordania.

La medida contra esos países aparece en la ley de gasto para operaciones en el extranjero, que prevé la suspensión de los llamados “Fondos de Apoyo Económico” que el Congreso aprobó esta semana y su entrada en vigor sólo requiere la firma de Bush.

La CPI fue creada para no dejar impunes los delitos como el genocidio, los crimenes de guerra y los de lesa humanidad.

No obstante, Washington la rechaza con el argumento de que el tribunal podría ser usado para abrir investigaciones con motivos políticos de funcionarios y militares estadounidenses.

La Administración de Bush retiró la firma de su país del tratado en 2002 y está haciendo todo lo posible para zafarse de la jurisdicción de la corte con tácticas como el uso de sanciones.

Si bien se desconoce aún la cifra total de la ayuda que previsiblemente perderán los países latinoamericanos en el año fiscal 2006, los datos indican que México no recibirá $us 11,5 millones.

Esta sería la primera vez que EEUU sanciona a su segundo mayor socio comercial, pues México acaba de incorporarse a la CPI, al ratificar el 28 de octubre el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte, y convertirse con ello en su miembro número 100.

Perú será el segundo país que podría perder más este año fiscal, pues EEUU le retirará una ayuda de $us 8 millones. Ecuador podría dejar de recibir $us 7 millones, Paraguay $us 2.5 millones, Brasil $us 750.000 y Venezuela $us 500.000. No se conocen aún los montos amenazados en los casos de Costa Rica y Uruguay. Washington, EFE

SIN DEFINIR

Bolivia • La propuesta de ley para proporcionar inmunidad a los ciudadanos norteamericanos en el país no halla consenso en el Congreso. Si bien el Senado de la República aprobó la mencionada propuesta en la gestión de Carlos Mesa, la Cámara Baja paralizó su tratamiento debido a la polémica provocada en los debates.