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Así de sencillo le resultó a Potosí: bloquearon la vía Potosí-Oruro, perjudicaron a miles de pasajeros, paralizaron decenas de actividades económicas, provocaron pérdidas monetarias y, finalmente, sus dirigentes cívicos salieron victoriosos del Palacio de Gobierno, el sábado pasado, con el Decreto Supremo 28445 bajo el brazo que les reponía un diputado uninominal, en reemplazo de un plurinominal. Con semejantes medidas de presión, Potosí logró quedarse con un representante al Parlamento que de hecho no le correspondía.

Hasta el momento, el Presidente ha mostrado firmeza para procurar el funcionamiento de las reglas del Estado y ha hecho incansables esfuerzos para que en el país se respete el Estado de Derecho y el cumplimiento firme de la ley, en aras de la preservación del sistema democrático y sus principios.

Desde el primer discurso formal, a casi un mes de asumida la Presidencia de la República, el Primer Mandatario, el 6 de agosto, en la Casa de la Libertad, en Sucre, advirtió que en el país “la mayoría de las peticiones tenían relación con el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Respeto al libre tránsito... a ejercer el derecho de petición, pero sin afectar los derechos del prójimo, del vecino...”. El Presidente censuró, aquel 6 de agosto, que su gobierno haya tenido que sofocar conflictos “producto, en algunos casos, de convenios irresponsablemente pactados, o quizás con el apremio de un bloqueo o la amenaza de violentar el enrarecido clima político del país”.

Empero, está visto que una cosa es la teoría y otra la práctica, y que más pueden las presiones regionales que la propia buena voluntad y convicciones del presidente Rodríguez. Se puede entender que ante una situación tan excepcional todo vale para no entorpecer el proceso electoral, incluso el ceder frente a las reivindicaciones de un departamento, pero se seguirá creyendo que la ley está primero.