• Condiciones de pobreza • Estas personas viven en el Yaire, una comunidad del chaco, donde se les dotó tierras. Esta foto es del 4 de noviembre, cuando les visitó una comisión.

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El acto realizado ayer en Monteagudo, Chuquisaca, sirvió para que el defensor Waldo Albarracín presente una resolución defensorial en la que pide a instancias del Estado, no sólo del Gobierno, intervenir para terminar con la situación de miles de personas que viven con sus derechos básicos vulnerados, según información difundida por el Defensor del Pueblo.

El propósito de la resolución es el de “promover la atención, tratamiento, solución integral y sostenida de la problemática de servidumbre y explotación laboral de la que son objeto comunidades y familias cautivas guaraníes, debiendo las autoridades e instancias competentes formular y ejecutar políticas públicas y sociales, para erradicar definitivamente estos hechos”.

La resolución interpela a los ministros de Desarrollo Sostenible, de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, de la Presidencia, de Trabajo; al Viceministro de Justicia; al Presidente del Consejo de la Judicatura; al Prefecto de Chuquisaca, Presidente de la Corte Electoral Departamental de Chuquisaca; al Director del Instituto Nacional de Estadística y a los directores departamentales de Salud y Educación, además de los alcaldes de San Pablo de Hucareta, Villa Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles.

Ese pedido surgió luego de una investigación de oficio que se realizó en base a una alianza estratégica entre el Defensor, el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca y el Proyecto de Pueblos Indígenas y Empoderamiento del Viceministerio de Justicia. “Lejos de cuantificar a las personas o familias sometidas al cautiverio”, el trabajo trató de determinar las condiciones de servidumbre y empatronamiento en las que viven miles de personas.

El pedido del Defensor se suma a otros, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de que se constató de que muchas de las familias beneficiadas con diferentes programas para que alcancen su libertad plena volvieron a la condición de servidumbre porque no contaban con los medios para subsistir, principalmente tierra y agua.

Según el propio informe, son más de 540 las familias que se acogieron a esos planes, pero no se precisa cuántas volvieron a empatronamiento.