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El caso no fue denunciado, pero la PTJ investiga de oficio. Según Estremadoiro, “los médicos de esa clínica expidieron un certificado de defunción, lo cual no es legal, porque cuando suceden este tipo de hechos es necesario que se practique una autopsia”.

A la 1.10 del 13 de noviembre, personal del Laboratorio técnico científico de la PTJ y de la División Homicidios llegó al velatorio de la Funeraria Aliaga, para realizar el levantamiento legal del cadáver de la mujer.

La funeraria tenía que recabar el informe médico legal y sacar la autorización correspondiente. Como no lo hizo, la PTJ actuó y llevó el cuerpo a la morgue del Hospital General para practicar la autopsia médico forense.

Actualmente el caso es investigado, pues se tiene que determinar la causa real de la muerte y los móviles, indicó Estremadoiro. El bypass gástrico es para tratar la obesidad extrema.