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Ante esta situación, la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida se declaró en estado de emergencia. El dirigente de la entidad, óscar Olivera, dijo que “esta es una afrenta al pueblo que no tiene por qué pagar nada. Continuaremos las campañas internacionales para denunciar la ilegalidad e ilegitimidad de las acciones de Aguas del Tunari”.

De acuerdo a la denuncia del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), el tribunal del CIADI decidió tener competencia y jurisdicción en su arbitraje del tratado de inversión para conocer la demanda de Aguas del Tunari contra el Estado. La demanda fue iniciada por la transnacional Bechtel, principal accionista de Aguas del Tunari. El documento está en la dirección web: www.iisd.org/investment/invest-sd.

El dirigente encabezó, en abril del 2001, la llamada Guerra del Agua, protesta social que derivó en la expulsión de Aguas del Tunari. Esta empresa privada debía hacerse cargo del servicio de agua potable y de alcantarillado y se preveía el incremento de las tarifas. Cochabamba, Opinión