En toda circunstancia, el subsidio es una anomalía que se introduce en el mercado, porque lo que se hace es disfrazar una determinada realidad o, peor todavía, querer tapar con un dedo el sol. Al final, por la naturaleza artificial que tiene, el subsidio tiene que acabar, no se puede mantenerlo en forma indefinida, a menos que se tenga demasiado poder económico. Incluso, en este caso, es una forma de crear diferencias injustas en el comercio mundial.
En Bolivia se están aplicando subsidios fiscales desde hace cinco años, tanto al diesel como al Gas Licuado de Petróleo (GLP), con posibilidades cada vez menos sostenibles. En los últimos dos años, los precios de los carburantes han ido en creciente aumento, al extremo de crear inestabilidad a la economía de las grandes potencias.
Un reciente informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha dicho que este año los subsidios ascenderán a 120 millones de dólares. Este es un lujo que no puede seguirse dando un Estado anémico como es el boliviano. De ahí que es imperativo ponerles fin.
Es posible que ningún Gobierno como el actual sea el más indicado para asumir tal medida, considerando que no tiene nada que perder en popularidad, pero sí puede ganar en demostrar que es responsable en el desempeño de sus funciones. Una buena administración del Estado así lo exige. El presidente Eduardo Rodríguez tiene la suficiente autoridad moral para apelar a la ciudadanía sobre la urgencia de terminar con una irregularidad tan costosa.
Con los recursos de los subsidios al GLP y al diesel, YPFB podría fortalecer el cambio de la matriz energética del país y se construirían redes de distribución de gas natural, sustituyendo el uso del GLP, la gasolina y el diesel oil por este energético.