Nacionalizar, estatizar o confiscar
Juan L. Cariaga*

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Entre sus propuestas electorales, muy desaprensivamente, los candidatos han optado por ofrecer una variada gama de propuestas de nacionalización, para ver si pueden subirse al carro populista al que, imprudentemente, nos empujó el presidente Mesa el año 2004.

Lamentablemente, desde todo punto de vista, esto es muy irresponsable, pues Bolivia es un país extremadamente pobre, que no está en condiciones de pagar por las millonarias inversiones efectuadas por las empresas petroleras en el pasado y, lo que es más importante, tampoco está en condiciones de conseguir los cuantiosos recursos que se requieren para realizar inversiones en exploración y explotación de gas natural en el futuro.

Ingenuamente, algunos políticos creen que esto podría hacerse a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que, al momento, no cuenta con un solo peso para realizar estas inversiones y no ha podido conseguir que el Tesoro General de la Nación incluya la insuficiente suma de $us 500 millones en el presupuesto del año 2006.

Otros, igualmente ingenuos, creen que estos recursos podrían venir de la Bolsa Boliviana de Valores, cuyos principales inversionistas son las administradoras privadas de pensiones, guardianas de nuestros ahorros de pensiones que, por ley, sólo pueden prestar al Estado boliviano la suma de $us 160 millones al año y que, en su mayor parte, ya están comprometidos para financiar el déficit fiscal de los próximos años.

Pero los más ingenuos son los que además creen que el Estado, impunemente, puede echar mano de estas empresas, sin pagar un solo centavo y sin que, en represalia, Bolivia pueda perder sus mercados de exportación, tal como sucedió en el pasado. Quienes suponen esta insensata posibilidad, argumentan que las empresas ya tienen sus inversiones depreciadas contra sus utilidades, como si este hecho contable fuera la excusa para no pagarlas.

Por lo tanto, cuando los políticos irresponsablemente utilizan “eufemismos” sobre la nacionalización en el sector de hidrocarburos, están dejando entre sus electores y la ciudadanía boliviana la semilla de que esto sí se puede hacer; pero sin advertirles sobre las terribles consecuencias y el costo que estas acciones podrían significar para el país.

Está demás decir que hasta el uso de la terminología es irresponsable, pues no corresponde realizar una nacionalización de las empresas, cuando éstas ya están registradas como empresas nacionales y, sobre todo, cuando la mitad de sus acciones son propiedad de los ciudadanos bolivianos, a causa de la capitalización.

Sin embargo, la ciudadanía percibe estas propuestas políticas como ofertas de “confiscación” y las interpreta como si fuera posible arrancar la propiedad de estas empresas de sus legítimos propietarios que son, por una parte, los ciudadanos bolivianos, que representan el 50 por ciento del paquete accionario, y, por otra, los miles y miles de accionistas, que depositaron sus ahorros en las bolsas internacionales de valores y que tienen todo el derecho de reclamar una indemnización.

Por otra parte, llama la atención que las empresas petroleras estén tan calladas, tan sólo promoviendo una absurda propaganda institucional que no convence a nadie, en vez de contarle la verdad al país; mientras que, por otro lado, sólo algunas pocas personas se atreven a decir lo que le conviene a Bolivia, a riesgo de ser acusados de ser agentes de las mal llamadas “empresas transnacionales”, cuando irónicamente se encuentran defendiendo los derechos que tienen los ciudadanos bolivianos en las empresas capitalizadas del país.

Entonces me pregunto ¿Para qué todo este afán nacionalista? Si de lo que se trata es de hacer lo que hoy ya hacen las empresas petroleras con sus propios recursos, sin que los bolivianos tengamos que hipotecar el país, o ¿será que verdaderamente queremos que los desaprensivos políticos vuelvan a manejar el patrimonio de los bolivianos? ¡Creo que ha llegado el momento de dejar de decir las verdades a medias!

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.