No tenía intención de insistir sobre temas internacionales, no obstante, una noticia aparecida en La Razón en su edición del 9 de noviembre da cuenta de que la Cancillería pretende vender agua al norte chileno. Noticia sorprendente, infausta en mi concepto donde la opinión pública, Congreso y Fuerzas Armadas entre otras, deben analizar con extremo cuidado y adoptar los recaudos pertinentes.
¿Por qué tanta alarma? Contesto la pregunta sin el mínimo afán de exagerar, pero sí preocupado seriamente por el futuro de la República. Sabemos lo compleja, difícil y escasa que el "agua dulce" se presenta en los países, incluyendo el nuestro. Merced al cambio climático y calentamiento del planeta, asistimos a verdaderos trastornos, ahí están nuestras cumbres nevadas a punto de desaparecer, Chacaltaya o el Tuni Condoriri y otras fuentes que nutrían a La Paz confrontan sequía por alzas de temperatura y falta de nieves, algo similar ocurre en ciudades como Cochabamba y zonas del Altiplano expulsoras de gente por la sequía. En la Amazonia, jamás se había detectado un fenómeno parecido y la prensa ha mostrado lagunas y ríos sin caudal, no sin razón se opina que futuros conflictos bélicos tendrán su origen en disputas de aguas.
Chile siente como otros la necesidad de agua dulce, elemento precioso, irremplazable y escaso. Consiguientemente ha mirado con interés a Bolivia: primero desvió el Lauca de mala forma, arbitrariamente, sin reconocernos indemnización, esto originó que surgieran en el Altiplano pueblos fantasmas, ahí está la zona de Calacoto, Ulloma y otras que han sufrido las consecuencias de este desvío total. Viene luego el Silala, manantial que en su momento la Cancillería demostró tenía ese carácter y en consecuencia esas aguas en su integridad eran bolivianas. Las mentadas aguas van a Antofagasta para alimentar el sistema de agua potable y se comercializan a precio de oro. El arreglo que ofrecieron no parece llegar, no nos indican ni porcentajes ni montos, esperamos que más allá de las responsabilidades que correspondan en este caso por el cambio de teoría, de llegarse a un acuerdo, contemple indemnización por los años pasados desde el momento que Bolivia denunció el mal uso de esas aguas que fueron destinadas en principio a las locomotoras a vapor.
Lo grave, en mi concepto, que significaría alta traición es negociar todas las aguas de la frontera o cercanas como señala la prensa. Todos sabemos que Potosí expulsa gente a las ciudades en razón a las sequías que azotan la zona, fenómenos similares ocurren en otras regiones. Cómo es posible entonces que disponiendo el país de agua dulce y ahora de gas que juntos son la combinación ideal para el sistema de riego agrícola, se empeñe un recurso tan valioso. Cómo es posible sin contar antes con un plan hidrológico nacional se comprometan recursos tan preciados. El altiplano y otras regiones pueden ser paraísos de la quinua, la ganadería y otros rubros agrícolas y no pignorar su futuro. Y más grave aún se aproveche este momento en que el país, distraído en elecciones, de mala manera, se comprometa y empeñe su futuro regalando nuevamente sus materias primas.
Y un último elemento, ningún tratado de aguas puede ser posteriormente revertido, pues los países beneficiarios exhiben razones humanitarias y de interés público.
*Jorge Soruco Villanueva es abogado.
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