Con el barullo, entre apasionado y confuso, de las inmediatas elecciones generales, ha quedado en segundo plano de la atención pública la Asamblea Constituyente, anunciada con tanto bombo y platillo. Convengamos, para empezar, que es reconfortante el deseo de recomponer la actual Constitución Política que necesita ingresar en astilleros para una buena reparación. Reparación que algunos quieren hacernos creer que va a significar la "fundación" de este país. Como si desearan que naciera de nuevo, cuando ya camina, aunque con muchos tropezones y debilidades por falta del cuidado necesario para un desarrollo saludable. Lo que la criatura necesita no es una cesárea, sino un poderoso reconstituyente para que siga viviendo y desarrollándose con vigor y plenitud.
Ingresados en el siglo XXI, es natural que la Constitución necesite las reformas que den justa respuesta a los cambios profundos que experimenta una sociedad que cambia a un ritmo acelerado, como nunca. No obstante, hay valores que permanecen y que deben preservarse, aunque cambien de pollera. Mencionaré algunos de esos valores, aunque sin un orden riguroso: la democracia representativa, sus instituciones fundamentales, los derechos y deberes de los ciudadanos, la unidad nacional en la diversidad regional, la igualdad del ciudadano ante la ley, el pluralismo, la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el sistema de representación ciudadana en los órganos del Estado, la colaboración y armonía entre el Poder central y los periféricos como los departamentos y los municipios, la justa recaudación de impuestos, el sistema de propiedad, sus obligaciones y garantías, la seguridad interior y exterior, etc.
Es decir, todo un complejo de ingeniería jurídico-constitucional que no ha nacido por generación espontánea sino que es fruto del estudio y la experiencia propia y ajena, y que sería una imprudencia incalificable sustituirla en su totalidad por un engendro sobrecargado de ideología utópica y radical que, de ninguna manera es compartida por la mayoría del pueblo boliviano.
Por eso, desde que se anunció la convocatoria a la Asamblea Constituyente, desconfié de sus propósitos y me fui sumando a los muchos que no la creen necesaria, aunque sí desean las reformas constitucionales que las cambiantes circunstancias imponen. Además de mis modestas convicciones, me sigo apoyando en las de reconocidos expertos en ciencias políticas, más que en ideólogos pretenciosos y sofistas o en autotitulados politólogos sin diploma, que quisieran imponer sus quimeras y llevarnos a una nueva frustración. Algunos opinarán que ésta mi posición, y la de quienes piensan lo mismo, es conservadora y contrasta con su antagónica que puede ser calificada de retardataria. Considero que la opuesta es retardataria en cuanto pretende romper en equilibrio entre lo viejo y lo nuevo y retornar a venerables culturas pretéritas, pero superadas e inservibles para encarar los desafíos de la modernidad. Cuidado pues con las excesivas esperanzas puestas en la tal Asamblea Constituyente y en la quimérica refundación de este país que ponga patas arriba todo lo bien construido hasta ahora, no terminen en una penosa frustración.
*José Gramunt es sacerdote jesuita y director de ANF.
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