Las declaraciones del General Antezana respecto a que en octubre se hubieran dado autoeliminaciones, y ante todo su posterior aclaración puntualizando que quiso decir que hubo balas salidas del lado de los insurrectos que mataron a estos mismos, lo "autoeliminan" , al menos como interlocutor ante la Fiscalía.
Quienes están promoviendo el juicio al ex Presidente Sánchez de Lozada han echado el grito al cielo, y han dicho que es un afrenta a las víctimas de los luctuosos hechos, pretender que algunos de los organizadores de la insurrección, hubieran planificado asesinatos de civiles para prender la mecha, es un extremo que no puede ser denunciado sin contar con serios indicios. Y Antezana así ha actuado, si tenía algo que denunciar debía ser más concreto Sin embargo, no quepa la menor duda de que hubo por lo menos una autoeliminación, y para colmo, fue esta, en cierto sentido, la chispa que encendió gran parte del fuego, me refiero al minero que voló en mil pedazos debido a un mal manejo de dinamíta, en la localidad de Ventilla, el viernes 10 de Octubre. Aquel primer muerto, tuvo lugar cuando la policía acudió a neutralizar a Mineros que se enfrentaban a transportistas, y el hombre, imbécil él, se mató haciendo explotar un cachorro de dinamita.
Este episodio es emblemático para entender la dinámica de la violencia que se generó en octubre de 2004, en primer lugar porque esta se dio sin militares de por medio, a partir de ls consignas de los mineros que habían llegado ese día, y que estaban bloqueando la carretera que comunica a La Paz con el resto del país. A esas alturas la consigna era la no exportación del gas por Chile, como si no comerciar a través de Chile fuese un tabú que nunca habría sido roto. La noticia equivocada de que una granada de guerra hubiera sido la responsable de la muerte del minero arriba mencionado, dada irresponsablemente por Unitel, y posiblemente por una serie de radioemisoras, enardeció los ánimos y permitió a quienes dirigían la insurrección dar el siguiente paso, vale decir el criminal cerco a la planta de Sencata para impedir el abastecimiento de gas y gasolina a un conglomerado urbano de más de un millón y medio de almas.
Que es necesario, que es imprescindible, esclarecer los hechos de octubre de 2003, no quepa la menor duda. Ahora bien ¿se podrán encontrar a los verdaderos culpables?, ¿puede llamarse genocidio a lo que pasó durante esos días en el Alto? , ¿cual era el rol que debieron jugar los militares, cual el ejecutivo ante un acto una insurrección de las dimensiones de aquella? ¿ Estamos en condiciones de hacer un juicio justo? No creo que los militares saldrían muy mal parados en un tribunal imparcial, pero claro, necesitan un portavoz un poco más inteligente.
*Agustín Echalar es periodista independiente.
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