• EN LAS VEGAS • Un migrante, identificado como Ramiro Alvarado, estudia inglés en una estación de servicio.

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Allí, junto con otros hombres, espera que se detenga alguna camioneta para ofrecerle trabajo.

Es un ritual que se repite en ciudades y pueblos estadounidenses a medida que los jornaleros, en su mayoría inmigrantes ilegales, buscan empleo en un país que acepta su trabajo mientras rechaza su derecho a estar aquí.

El trabajo es estable, la paga satisfactoria y, cuando González consigue que alguien lo contrate, nadie le pide documentos ni identificación. “A los patrones no les importa si los documentos son reales o no”, dijo, mientras lucía una gorra marina con una insignia de la bandera de EEUU.

González, de 31 años, vive actualmente con tres hermanos en un departamento; ninguno de los tres está legalmente en el país.

Se cuentan entre millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en la oscuridad, a la sombra de la economía estadounidense, devengando salarios de individuos y de empresas más que dispuestos a contratarlos. En los papeles, muchos de ellos no existen. Partidas de nacimiento falsificadas y números del servicio de seguridad social falsos dan cuenta de ello. Hay niñeras, mucamas, jardineros, obreros de la construcción, agricultores y trabajadores de servicios alimenticios. Se paga en efectivo y se aceptan los documentos falsos sin chistar.

Los inmigrantes ilegales podrían ascender a 20 millones, y están aumentando su porcentaje en el mercado laboral, según la firma Bear Sterns en Nueva York.

Cada vez con mayor frecuencia trascienden de los estados tradicionalmente inmigrantes como California y Texas. Se están extendiendo por el oeste y el sur, donde hay un enorme crecimiento, vivienda accesible y redes familiares. Se les encuentra cada vez con mayor frecuencia en estados como Utah, Washington, Pensilvania, Tennessee, Georgia y las Dakotas. Y van a los suburbios.

Es la economía subterránea de los EEUU, que genera miles de millones de dólares de mano de obra por año. Los trabajadores ilegales vienen por los empleos y siempre encuentran alguna compañía ávida por contratarlos.

“La tolerancia de la inmigración ilegal socava todo nuestro trabajo”, se lamentó Vernon Briggs, un profesor de economía laboral en la Universidad de Cornell. “Desgarra la trama social”, agregó. “Es una carrera a fondo. El que respeta las reglas sale perdiendo. Se convierte en un sistema que se autoalimenta”.

Durante años, la población inmigrante solía atenerse a seis estados: California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey. Pero en los últimos cinco años, el crecimiento más rápido ha ocurrido en estados que antes atraían poco a los inmigrantes: Tennessee, Mississippi, las Dakotas, Ohio y Pensilvania, dijo Bill Frey, demógrafo en el Instituto Brookings en Washington.

Los indocumentados van a las regiones que experimentan un crecimiento rápido, donde están los empleos y donde el costo de vida es más reducido. Los suburbios atraen ahora a más inmigrantes nuevos que las ciudades.

En el oeste del país, la población de inmigrantes en los estados montañosos crece más rápidamente que en el resto de la región. En el sur, el interior del sudeste registra mayor crecimiento en el número de inmigrantes que los estados costeros, dijo Frey.

Según Bob Justich, Estados Unidos está engolosinado con la mano de obra barata de los inmigrantes ilegales. Como director gerente de Bear Stearns, ha pasado los dos últimos años entrevistándose con inmigrantes, dueños de negocios, policías y agentes de bienes raíces para determinar la magnitud de la economía subterránea y su efecto sobre la economía visible. Hay algo de lo que está seguro: hay más inmigrantes ilegales en el país que los que calcula el gobierno.

Las autoridades creen que hay unos 8,5 millones; Justich opina que la cifra asciende a más del doble, cerca de los 20 millones, debido principalmente a que los ilegales no se preocupan nunca de responder a los cuestionarios de la Oficina del Censo.

Los ilegales ocupan de 12 a 15 millones de empleos en Estados Unidos, un 8%, según Justich. Podría parecer un porcentaje reducido, pero la presión de su presencia mantiene bajos los jornales para los trabajadores no especializados. Y muchos de los empleos son extraoficiales, lo que significa que el gobierno podría estar perdiendo unos 35.000 millones de dólares anuales en impuestos no recolectados, afirmó.

Pero esa cifra se ve algo compensada por los empleadores que retienen impuestos para los trabajadores indocumentados que nunca presentan las declaraciones impositivas ni buscan beneficios, observó Marti Dinerstein, uno de los asociados al Centro de Estudios de Inmigración.

Un análisis de consultora Barron's calculó la magnitud de la economía subterránea en unos 970.000 millones de dólares, un 9% de los bienes y servicios producidos por la economía visible.

El sector de servicios emplea la mayor cantidad de los ilegales, con 33%, seguido de la construcción, producción y procesamiento de alimentos, y agricultura, según el Pew Hispanic Center.

Los grandes empleadores son los negocios de hotelería, los restaurantes y la construcción.

Más de uno de cada cuatro yeseros y jardineros son ilegales, calcula el centro. Lo mismo ocurre con uno de cada cinco trabajadores en el empaque de carne y de aves, y uno de cada seis en la industria de hotelería y restaurantes o en la construcción.

Los inmigrantes ilegales ganan mucho menos que el resto de la población. Su ingreso familiar promedio de 27.400 dólares está más del 40% por debajo del ingreso de los inmigrantes legales o los nativos, que es de unos 47.700 dólares, según el Pew Hispanic Center. Eso se debe a que los indocumentados cobran poco y no se quejan; los que se quejan son reemplazados. Tienen poco poder de negociación y los empleadores se aprovechan de ello.

“Estamos viendo que la base salarial en estas industrias se erosiona porque hay un exceso de mano de obra no especializada”, dijo John Keeley, vocero del Centro para Estudios sobre Inmigración. “La comunidad empresarial se torna adicta. Es un medio de mantener bajos sus costos”.

La aplicación de la ley es flexible, especialmente en la era posterior a los ataques terroristas del 2001. El gobierno no tiene tiempo ni los recursos para apresar a los jardineros y mucamas ilegales; en cambio se concentra en los sitios vitales para la seguridad.

En ningún sitio es más evidente que en comunidades de todo el país donde miles de inmigrantes ilegales aguardan en las esquinas en busca de trabajo. Como el gobierno federal les presta poca atención, muchas ciudades se han visto obligadas a crear lugares de concentración para jornaleros, donde los interesados pueden congregarse sin incomodar a los vecinos ni los negocios.

En las calles en torno de la gasolinera de Jay's Market, en Las Vegas los contratistas y los dueños de empresas de jardinería son una presencia frecuente.

Nadie se preocupa de que los jornaleros sean conducidos a lugares de empleo donde les pagarán bajo cuerda por un día de trabajo, generalmente a ocho dólares la hora. Todos saben qué ocurre y nadie se lo impide.

González agradece tener trabajo estable. Generalmente lo escogen para algún trabajo y luego envía dinero a su esposa y su hijo, de siete años, para México. Justich calcula que los ilegales enviarán este año de 19.000 a 20.000 millones de dólares a México.

González fue deportado una vez, pero regresó con toda facilidad a Las Vegas, donde abundan los trabajos. “Aquí uno puede trabajar todo el año”, dijo. “Hace mucho calor, pero el clima se parece mucho al de México”.

Nadie vigila que los trabajadores ilegales reciban su paga y sean bien tratados. Muchos están dispuestos a arriesgarse para conseguir dinero, a veces con horribles consecuencias. Una encuesta de la agencia noticiosa AP en el 2004 halló que los trabajadores mexicanos tienen una probabilidad 80% mayor de morir en su empleo que los nativos.

El riesgo no se reduce a la falta de seguridad en el trabajo. Harto de no haber recibido su paga durante tres semanas, Jesús Hernández, un obrero de la construcción, mató a tiros a su patrón en enero del 2004 en Lehi, Utah, y ahora está en prisión. En Denver, un saudí y su esposa enfrentan cargos de haber mantenido cautiva a una indonesia durante cuatro años. La mujer, inmigrante ilegal, dijo que le pagaban menos de dos dólares diarios para trabajar como niñera, cocinera y sirvienta.

Si todos los trabajadores ilegales en EEUU se fueran del país mañana, los negocios no se paralizarían, aunque se verían muy afectados. Desaparecida la mano de obra barata, los precios aumentarían: para los alimentos, cuidado infantil, mantenimiento doméstico. Los negocios tendrían que pagar más a sus trabajadores, y la demanda de empleos en algunas profesiones declinaría. Algunos comerciantes chicos se verían obligados a cerrar, dijo Justich. Las Vegas (EEUU), AP

Barron’s calculó la magnitud de la economía subterránea en unos $us 950.000 millones. Los ilegales ocupan, por lo bajo, de 12 a 15 millones de empleos.

Desde los ataques terroristas del 2001, el gobierno de Estados Unidos se concentra en vigilar los sitios vitales para su seguridad.