¿Con o sin factura?
Carlos Meyer Ayala*

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Una evidencia tangible de la informalidad que vivimos en Bolivia es la mala costumbre que linda en la evasión impositiva: “con o sin factura”. Esta frase se la escucha en los pequeños y grandes negocios comerciales del país, que creemos no se registra en ningún país civilizado, porque las normas y cumplimiento de las obligaciones se rigen por una estricta fiscalización del Estado y que en su caso es sancionada por las leyes y organismos respectivos.

En nuestro país es común y con seguridad lesiva a los propios intereses y la sustentabilidad que debe existir en aquellas actividades que son inherentes al manejo económico-financiero de las naciones, que con la captación de impuestos forman parte de la globalidad instituida desde hace siglos.

Esta flagrante evasión que va en aumento conforme pasa el tiempo tiene orígenes diversos: por un lado la distorsión existente en la escala impositiva reinante que se traduce en los diversos impuestos que la rigen a nivel de la administración de la renta interna y que son obligaciones “sagradas” si es que deseamos mantener una normativa nacional. Nos referimos con ello a los tipos de impuestos de los transportistas, de los grandes y pequeños contribuyentes inventados al calor, como siempre, de la prebenda o el proselitismo político que nos acarreó a esta anormalidad. En todo país existen los ciudadanos y las empresas que honran su actividad lícita pagando los emolumentos respectivos y con los cuales se puede encarar los proyectos y necesidades del crecimiento y desarrollo de las naciones. En este sentido y cuando estamos ingresando al manejo global de la economía en momentos en que la universalidad es latente no es posible que en Bolivia olvidemos estos parámetros y continuemos por un camino equivocado y que bien puede ser calificado como una “corrupción camuflada”, donde el Gobierno admite estas anormalidades sin poner coto a la actividad ilícita de quienes se acostumbraron a evadir las obligaciones fiscales.

Un otro ejemplo más claro es el contrabando de ropa usada, que según estimaciones realizadas origina una pérdida anual de 500 millones de dólares por año con la grave lesión de la perdida de 100 mil fuentes de empleo, principalmente, de las micro y pequeñas empresas de confecciones.

Estas alarmantes investigaciones realizadas por el Instituto de Comercio Exterior y la Cámara Nacional de Industrias ponen al descubierto la fragilidad de nuestra economía.

*Carlos Meyer Ayala
es periodista.