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Para la Fiscalía, las declaraciones que hizo ayer Justiniano, no resultaron tan importantes en calidad de prueba como en la posibilidad que abrió para convocar a los jefes militares que actuaron durante los sucesos de septiembre y octubre del 2003, de quienes sí se pretende obtener testimonios que ayuden a esclarecer las responsabilidades de los 60 muertos y 400 heridos en las ciudades de La Paz y El Alto.

"Es importante por la comparecencia, aunque no aporta como prueba", confirmó ayer el fiscal asignado al caso, Milton Mendoza y reiteró que Justiniano declaró no voluntariamente, sino motivado por el mandamiento de aprehensión en su contra, después de siete meses en los que la Fiscalía requirió continuamente el testimonio del Alto Mando Militar para este caso.

Agregó que existe la necesidad de contar con las declaraciones de "quienes tienen la información de primera mano"; es decir, de quienes fueron testigos y actores de los hechos de septiembre y octubre del 2003.

Entre varias preguntas a Justiniano se le consultó sobre la aplicación que dio al Decreto Supremo 27209 —que ordenó movilizar tropas armadas para el resguardo del transporte de combustibles desde Senkata (El Alto) hacia La Paz—, y las disposiciones que expidió como Jefe del Estado Mayor de la Naval de ese entonces, para ejecutar dicho decreto. Mientras tanto, los mandamientos de aprehensión contra otros dos jefes militares siguen vigentes. Redacción Sucre