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Destacó la presentación de los dos imputados y anunció la valoración y el análisis de la legalidad de sus actuaciones, además del estudio de los decretos supremos que firmaron para autorizar la compra de la aeronave y de de los fusiles Galil, después del terremoto ocurrido en Aiquile, Totora y Mizque en 1998.

Ninguno de los dos ex ministros quiso declarar a los medios después de comparecer ante el Ministerio Público, dentro de las investigaciones por los presuntos delitos de conducta económica y contratos lesivos al Estado, cometidos en la compra del Beechcraft por más de $us 1 millón, de los fusiles a un costo superior a los $us 5 millones y una cantidad aún no estimada de vituallas para efectivos del Ejército que fueron a socorrer a los damnificados por el terremoto. Redacción Sucre