• Ayer se inauguró el Año Judicial 2006 en Sucre. El Presidente de la República (izq.) y el de la Corte Suprema (der.) coincidieron en que la justicia debe llegar a todos.

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Ambas autoridades tocaron el tema por separado en sus discursos en la inauguración del Año Judicial correspondiente al año 2006, acto que se llevó a cabo en la capital, Sucre, y al que también asistió el vicepresidente electo, Álvaro García Linera.

Tanto Rodríguez como Sandóval señalaron que uno de los más importantes retos para éste y los años que vienen es la socialización de los sistemas de justicia para que éstos alcancen a todos los niveles de la sociedad ya que, según coincidieron, un tercio de la población boliviana no tiene acceso al servicio judicial.

El presidente Rodríguez, quien antes de ser el primer mandatario fungió como titular de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció a favor de la socialización de la justicia y por una nueva adecuación del Código de Procedimiento Penal, que coloca en dilemas jurídicos a los operadores de la justicia y que, según dijo, no cumplió con sus objetivos.

Asimismo, ambas autoridades coincidieron en informar que un tercio de la población boliviana no tiene acceso a la justicia y que ésta es limitada, lo que conduce a la aplicación de la mal llamada “justicia comunitaria” en las poblaciones provinciales, lo que deriva en los linchamientos.

En este sentido, señaló que su gobierno incluyó un presupuesto adicional de 28 millones de bolivianos para servicios personales y la creación de nuevos juzgados en las provincias.

Otro de los ejes en los que coincidieron es que la carga procesal satura el desempeño de muchos tribunales, y que la ausencia de juzgados de paz ha afectado por años a muchos bolivianos en la resolución de conflictos.

A pesar de los esfuerzos realizados por expandir las tareas jurisdiccionales en todo el país, ésta sigue siendo “extremadamente limitada”, señaló Sandóval y citó como ejemplo el caso de la ciudad de El Alto, donde existe un juzgado para más de 30 mil personas, y de Santa Cruz, uno por cada 16 mil personas.

Esa situación se repite en La Paz y Cochabamba, y en el territorio nacional donde la cobertura de los juzgados sólo alcanza a 130 municipios, es decir, a menos del 50% del total.

Rodríguez citó datos de un estudio sobre la realidad penitenciaria y dijo que el 75% de 7.200 presos no tiene sentencia, y sólo 25% está en la cárcel cumpliendo una condena firme. Añadió que el caso de los jóvenes representa el 12% de la población penal y reconoció posteriormente que el 90% de esa población se encuentra sin condena. “La justicia necesita de la estima y reconocimiento social, recuperando el espíritu crítico y autocrítico”.

Rodríguez también compartió el criterio de Sandóval en cuanto la necesidad de conformar una “Comisión Codificadora Permanente” en el Legislativo para promover la legislación adecuada a los tiempos y a la realidad.

Al respecto, Álvaro García Linera dijo que pudo conocer que hay avances notables, pero también mucho trabajo por delante en el ámbito judicial. “Me ha agradado esa lectura autocrítica, que es importante que la mantengamos todos, gobernantes y gobernados, saber mirar nuestros pasos”. Redacción Central y Sucre

Fiscalía destaca sus desafíos

El fiscal general, Pedro Gareca, inauguró el Año Fiscal 2006 y presentó el informe correspondiente a la gestión pasada, destacando el inicio de la institucionalización, la investigación de juicios de responsabilidades, demandas y estadísticas de las causas y los desafíos de modernización.

Entre los logros citó el levantamiento del secreto militar para el juicio de responsabilidades por los hechos de septiembre y octubre del 2003 y reclamó por las “actitudes dilatorias” de comandantes de las FFAA que impugnaron decisiones judiciales y requerimientos fiscales, que “afectan la legitimidad”. Dijo que la Fiscalía despachó el 100% (286) de las causas pendientes del 2004, y el 57% de 615 causas (349) ingresadas el año pasado.
En cuanto a la coyuntura, Gareca anunció que se trabaja en una propuesta para la Constituyente y para el diseño de nuevas políticas criminales consensuadas institucionalmente.