La nota del día 31 de diciembre de 2005 de La Razón afirma que el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IBCE, en su estudio complementario sobre el contrabando, sostiene que así como existe una "tolerancia cero" para una serie de aspectos de la convivencia nacional, debería existir la misma conducta, conciencia y cultura de rechazo absoluto y total al producto que viene por la vía del contrabando.
Me parece la vía fácil plantear la solución del contrabando por la fórmula del "debería existir" en lugar de dar soluciones o, por lo menos, políticas públicas de largo plazo que incluya vías para superar las causas estructurales del contrabando incluyendo el marco impositivo, donde la Aduana Nacional tiene que recaudar el Impuesto al Valor Agregado, IVA, que debería ser tarea de Impuestos Nacionales siempre y cuando todo el comercio sea formal. Como esta situación no se da, entonces resulta más fácil cobrar el IVA en frontera o cuando ingresa la mercancía a un recinto aduanero. Otro factor de análisis en el marco impositivo es cambiar la filosofía de la "defensa de la industria nacional" a través de impuestos por otra de promover la generación de empleo a través de la manufactura y el turismo, rebajando a "cero" los impuestos a la importación de capital, de maquinaria y, sobre todo, eliminar el pago de impuestos a los viajeros que no son un estímulo al turismo.
La tesis de la integración de los años 60 buscaba reemplazar las importaciones con el desarrollo de industrias locales, como automotores, línea blanca, electrónicos, computación y otras, pero Bolivia no logró dar el salto cualitativo y se quedó como productor de materias primas, manufacturas y ahora se busca el desarrollo del turismo, la industria sin chimeneas. Por lo tanto, mantener un marco impositivo con la tesis de sustitución de importaciones resulta un tiro al aire porque Bolivia no tiene estas industrias y lo que se está haciendo es simplemente generar contrabando.
También es fácil pedir que se cree una conciencia social de que el contrabando enriquece a pocos y empobrece a todos los bolivianos, una conducta para comprar lo lícito o una cultura de respeto al ordenamiento legal.
El respeto a la ley nace de una aceptación, de pertenencia del ciudadano al Estado y en Bolivia esta situación no se da con todos. La llamada emergencia social de los últimos años, que dio lugar al triunfo del MAS en las elecciones generales del 18 de diciembre pasado, es una muestra de que muchos bolivianos no se sienten obligados a respetar las leyes de un Estado al que no "pertenecen", no tienen suficiente representación o su cultura institucional no los toma en cuenta. Entonces surge la informalidad, o mejor, se profundiza, se arraiga y el contrabando también es parte de esta "ilegalidad".
Si todos los bolivianos nos sentiríamos parte del Estado, representados, que nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de hacer negocios sea parte del ordenamiento legal, entonces, una consecuencia sería que todos cumpliríamos las leyes emanadas de este Estado. Pero como no es así, entonces existe el contrabando y la informalidad, una alimenta a la otra y viceversa, y cualquier intento de sugerir su eliminación sin resolver la causa original resulta imposible.
*Enrique Eduardo es periodista y director de Comunicación de la Aduana Nacional.
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