Lo que no se debe hacer en economía
Juan L. Cariaga*

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Tanto desde esta mi columna como a través de mi programa "Economía en Facilito", fui uno de los primeros en recomendar a la población que no retire sus depósitos bancarios, ante la expectativa que podían generar los resultados eleccionarios de las jornadas de diciembre pasado.

Sin embargo, al haber hecho esto, creo que es también mi obligación el alertar al futuro gobierno sobre lo que no debe hacerse en materia económica, para no perder esa gran muestra de confianza de la población, ni poner nerviosa a la economía que, como se sabe, funciona en base a la certidumbre.

Por lo tanto, para no defraudar al público que creyó en mis palabras, creo que es importante decirle al nuevo gobierno que no debería imponer, por ejemplo, un control de cambios, que básicamente resulta de convertir al Banco Central de Bolivia en la única entidad autorizada para efectuar la compra y venta de divisas a un tipo de cambio (generalmente) político. Esto, debido a que esa entidad del Estado cuenta actualmente con un nivel de reservas internacionales equivalentes a un 80 ó 90 por ciento de las importaciones anuales, que es un monto más que suficiente para manejar adecuadamente una economía completamente saludable. El imponer un control de cambios, lo único que haría es crear un ambiente de incertidumbre, ocasionar la aparición de un mercado paralelo y elevar artificialmente la cotización cambiaria.

Tampoco debería implantarse una desdolarización o pesificación, que básicamente resulta de convertir los depósitos y las deudas originalmente pactadas en dólares a bolivianos a un tipo de cambio (generalmente) político. Lamentablemente, tanto Bolivia como Argentina ya tuvieron una experiencia desastrosa en esta materia, pues lo único que se logró con estas medidas fue beneficiar a prestatarios y deudores morosos, que pagaron sus deudas con dinero inflacionario, a costa de los pobres depositantes que, como mi difunta tía Luz del Castillo, recogió 40 dólares de los 40.000 originalmente depositados. El hacerlo, además de los efectos mencionados anteriormente, lo único que haría es exponer al sistema bancario a un corralito financiero innecesario y desprestigiar las políticas del gobierno.

De la misma manera, tampoco deberían elevarse los impuestos en un intento político de mejorar la distribución de los ingresos en Bolivia. Esto debido a que Bolivia presenta un caso tributario muy sui géneris. Es decir, un país donde más del 75 por ciento de la población se encuentra fuera del universo tributario —debido a que vive con uno o dos dólares al día— y donde del 25 por ciento de la población restante, el 80 por ciento de los impuestos los pagan apenas tres o cuatro mil contribuyentes.

En este caso, lo que Bolivia debería hacer es implantar un verdadero modelo de desarrollo económico, destinado a mejorar los ingresos de ese 75 por ciento de la población que hoy no tributa y, de esta manera, incorporarlo al universo poblacional tributario. Más importante aún, deberían eliminarse los llamados "regímenes especiales", para los gremiales, transportistas, agricultores, etc., que distorsionaron el concepto de la universalidad de la Reforma Tributaria de 1986, permitiendo que muchísimos contribuyentes se oculten detrás de esta ficción jurídica, con el fin de evadir sus obligaciones tributarias. El elevar los actuales impuestos no significaría otra cosa que aumentar la carga impositiva a quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias.

De la misma manera, el nuevo gobierno tampoco debería oponerse al Tratado de Libre Comercio (TLC), simplemente por razones ideológicas. Bolivia necesita desesperadamente exportar para poder crecer. La única forma de hacerlo es a través del TLC, que nos abriría las puertas al mercado más importante del mundo. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de perder esta maravillosa oportunidad, al alinearnos tontamente con algunos países vecinos que no tienen las necesidades que tiene la economía de Bolivia.

Sin embargo, para poder producir y exportar, Bolivia necesita de una masiva inversión que, lamentablemente, el país no la tiene. Por lo tanto, tampoco cometamos el error de amedrentar a los capitales extranjeros con inseguridad jurídica o con impuestos confiscatorios. El país necesita de inversión para generar empleos. Lo que no necesitamos es de mayores ingresos fiscales para que los malgaste la burocracia gubernamental.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.