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En Barcelona, tres organizaciones no gubernamentales (ONG) líderes de las protestas que llevaron al retiro de las empresas transnacionales de Bolivia, consideraron que el acuerdo de ahora entre esas firmas y el gobierno saliente fue una “victoria” y “un precedente importante para la lucha contra la privatización del agua en el mundo”.

El conflicto legal comenzó en 2000, cuando el gobierno boliviano de entonces, encabezado por Hugo Banzer (1997-2001), acosado por las movilizaciones populares contra el aumento de las tarifas del agua de 50 hasta 200 por ciento en Cochabamba, resolvió rescindir el contrato por el cual un año antes había concedido en régimen de monopolio la distribución del agua potable en la ciudad del valle.

Por presiones del Banco Mundial para que se privatizara el servicio de agua, se le otorgó la concesión a la firma Aguas del Tunari, 80 por ciento de cuyo capital se distribuía en su mayoría en Bechtel y en menor medida en Abengoa. El resto de las acciones correspondían a empresarios locales, entre ellos Samuel Doria Medina. Al producirse la rescisión, Aguas del Tunari demandó al Estado una indemnización de 50 millones de dólares, que redujo a la mitad. Madrid, IPS

El contrato

El precio • Según un contrato suscrito, Bechtel y Abengoa vendieron su 80 por ciento de capital de Aguas del Tunari por un precio total de dos bolivianos, lo que equivale aproximadamente a 20 centavos de dólar. En la práctica es una cesión sin costo, ya que el valor nominal de las 1.000 acciones que se transfirieron es de 10.000 bolivianos.