• CALLE SAGÁRNAGA • Esta vivienda que funciona como tambo casi en la Isaac Tamayo posee un pórtico de piedra de estilo colonial. El mal estado de toda su estructura es evidente.

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La familia de Jesús Sillerico Salinas es propietaria de dos inmuebles en la calle Comercio. Explicó que paga elevados impuestos por ambos, pese a que su valor se devaluó debido a que la vía en que se ubican “se ha vuelto intransitable, por los comerciantes ambulantes, los ladrones y la peligrosidad del área”. Una de las viviendas tiene cuatro pisos y sólo una planta está alquilada “por esos motivos”.

Debido a los costos que implica mantener el diseño y estructura original del edificio, pues se debería contratar especialistas, los Sillerico sólo pintaron las fachadas. “Los impuestos que pagamos de ninguna manera son una compensación. Hubo muchas promesas de diferentes alcaldes de mejorar la situación, pero como propietarios de los inmuebles no tenemos incentivos para mejorarlos o refaccionarlos porque es una calle donde todos se sienten libres de hacer lo que quieran, cuelgan carteles y pegan afiches donde sea”.

Sobre el valor de los impuestos aplicados a viviendas patrimoniales, Salim Yapur, jefe de la unidad de Catastro de la comuna paceña, explicó que la zona 1-1, el casco urbano central donde se hallan la mayoría, “es la mejor atendida con los servicios básicos y (por tanto se cobran) los impuestos más altos”. De hecho, la tasa es de Bs 2.542 el metro cuadrado cada año.

Sillerico sostuvo que una prueba de que cubrir este gasto y el de la conservación es imposible está en que los dueños prefieren que las casas “se vayan cayendo de a poco”.

Vilma Cordero, directora de Patrimonio Tangible, dijo que los propietarios restan importancia al valor histórico, cultural y arquitectónico de estas casas. “Algunos que ven la casa vieja piensan que no puede ser patrimonio. Pero no importa si es viejo o si no es muy bonita estéticamente, pues representa una época en la historia de la ciudad”. Como ejemplo citó la demolición de una vivienda patrimonial en la calle 4 de Obrajes, que aseguró deberá reconstruirse aunque ya no represente “la originalidad del edificio”. Cordero reconoció que los propietarios de casas patrimoniales sienten afectados sus intereses, “creo que será un proceso largo asumir la responsabilidad”, afirmó.

Por su parte, el Gobierno central brinda asistencia técnica a las personas que vayan a realizar alguna refacción en inmuebles de este tipo, pero nada más, admitió Rolando Saravia, director general de Patrimonio Cultural del Viceministerio de Cultura.

El oficial mayor de Culturas de la Alcaldía de La Paz, Pablo Groux, explicó los tres ejes de la política municipal para la conservación de estas viviendas. Uno tiene que ver con la catalogación del patrimonio tangible en curso. “Hasta el momento hay como 1.500 fichas de registro, archivo y base de datos para saber el estado y el valor patrimonial de cada uno de los inmuebles”.

Otro eje, el “más importante”, según aseguró, es el trámite que hace la comuna en el Congreso para dar un trato preferencial a los propietarios de estos bienes a través de los tributos. “Quien preserve un inmueble patrimonial debería pagar menos impuestos, y de manera inversa quien no lo preserve debería pagar más”.

El tercero se refiere a las acciones que asume de manera directa el municipio en los espacios que pertenecen a la comuna, como museos y otros monumentos. “La iluminación del frontis de la iglesia de San Francisco y la recuperación y restauración del monumento a Colón en El Prado son dos ejemplos”, sostuvo Groux.

Consultado sobre las casas patrimoniales cuyos propietarios alteran con nuevas construcciones, afirmó que “en la medida en que exista una catalogación respaldada por una ordenanza se podrá fiscalizar y paralizar obras hasta conseguir la restitución de la arquitectura original”.

También se refirió al caso del edificio Ismar (ubicado en la calle Mercado), destruido en un incendio. “No había nada que justifique una reconstrucción y lo que se hizo fue mantener las fachadas”. Aclaró que tratándose de propiedad privada se necesitaría una autorización del Concejo para invertir recursos públicos en ella, por tanto sólo pueden obligar a los propietarios “a restaurar hasta la categoría o el tipo original del inmueble”.