Crecimiento productivo para todos
Óscar Antezana M.*

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Una estrategia orientada a la reducción de la pobreza debe, necesariamente, mejorar la productividad de los pobres y buscar establecer vínculos entre ellos y los mercados.

A manera de ejemplo, los municipios productores de la quinua, en base a lo avanzado en las cadenas productivas, tendrían que ser parte de la “zona de desarrollo de la quinua”. Para fundamentar el potencial económico de los municipios, se puede incluir tres criterios: si produce quinua principalmente para efectos de comercialización, si tiene buen potencial agrícola, y si tiene o está conectado a infraestructura productiva. Adicionalmente, para cumplir con el segundo criterio de conexión con la pobreza, se consideraría el grado de pobreza de los municipios en cuestión, la población potencialmente afectada, y la presencia de infraestructura básica para una adecuada integración geográfica.

El papel de las ciudades intermedias no es solamente pasivo, si no que en virtud de su vitalidad económica se convierte en un foco dinamizador de la descentralización económica. Está claro que una de las consecuencias del desarrollo de esta actividad sería la atracción de población pobre adyacente que migraría para participar de la actividad y de los beneficios. Las externalidades positivas serían varias gracias a la creación de una concentración de un sinnúmero de factores físicos, humanos, administrativos y otros que atraerían una mayor inversión y know-how con el consecuente dinamismo económico y beneficio

equitativo que se desea. Fundamentalmente, se estarían creando espacios productivos que sustituyen importaciones y generan exportaciones desde y/o hacia otras ciudades. Así, uno de los aportes más trascendentales de la ciudad sobre el desarrollo rural es su capacidad de generación de empleo.

Para este efecto, se propone establecer Centros de Competitividad en cada una de las zonas de desarrollo ubicadas en las ciudades intermedias seleccionadas. Cada centro actuará como un proyecto con una visión regional y nacional cuyo objetivo principal será disminuir los costos de transacción en la zona de desarrollo correspondiente para dinamizar la actividad económica.

Primero facilitar el acceso a servicios de financiamiento; información sobre mercados; asistencia y capacitación técnica y gerencial; realización de negocios entre inversionistas y compradores externos, por un lado, y los productos locales, por el otro; asesoramiento judicial, etc.

Segundo, apoyar a actores productivos, sociales y municipalidades en su función de coordinación e implementación con otras instituciones (municipalidades, prefecturas, asociación de productores, instituciones financieras, de promoción de inversiones y exportaciones, gremios profesionales y empresariales, instituciones descentralizadas).

Al trabajar estrechamente con todas estas instituciones y los mismos beneficiarios, los Centros realizarían una transferencia automática de “know-how” para que éstos operen de manera autónoma una vez que la “zona” y su capacidad institucional de planificación y ejecución haya madurado.

Para tal efecto, el gobierno central haría una convocatoria pública nacional e internacional para seleccionar instituciones no gubernamentales con experiencia comprobada (ONGs, consultoras). La responsabilidad por el establecimiento y operación de los Centros será particular de cada una de las instituciones seleccionadas para su “zona” correspondiente.

Las instituciones seleccionadas tendrían que preparar planes operativos cada dos años, incluyendo los resultados propuestos. Por su parte, el gobierno central o departamental realizaría un seguimiento permanente. Institución que no cumple los objetivos acordados para la “zona” será reemplazada por otra después de otra convocatoria pública para la misma “zona”.

*Óscar Antezana.
es economista.