Balance y equilibrio
Fernando Mayorga*

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“Se debe buscar un equilibrio entre legitimidad, equidad, representatividad y unión nacional”.
No cabe duda que el pasado 18 de diciembre se resolvió la crisis política. Empero, la transición estatal tiene tareas pendientes aunque su despliegue se produce —y producirá— en un nuevo escenario que empieza a dibujar sus contornos. Los efectos de los resultados electorales son varios: réquiem de la democracia pactada, recomposición del sistema de partidos, predominio del nacionalismo revolucionario y de las identidades y demandas indígenas en el espacio de discursividad y capacidad de acción hegemónica del partido de gobierno y de las bases sociales que lo sustentan.

Este balance, empero, no debe ser visto con una mezcla de Fujuyama y Galeano, es decir, una suerte de fin de la historia pero con revival izquierdista que transitó del internacionalismo proletario al multiculturalismo étnico. Sería máscara y no espejo. Ornamento de la realidad y no pesquisa.

Era errónea la premisa del empate —catastrófico, además— entre dos fuerzas, así como, es equívoca la idea de que dicho empate se dirimió en las elecciones generales. Porque se trataba de posiciones excluyentes —los polos, pues, y de ahí la mentada polarización— que eran ocupadas por determinados actores en distintas coyunturas y no de actores —o coaliciones de actores— anclados e inamovibles.

Es decir, los polos eran posiciones y no sujetos, por eso, cuando el MAS asumió una postura centrista desde octubre del 2003 y la mantuvo y defendió ante los cantos de sirena de izquierda y derecha se convirtió en la alternativa electoral más viable para una sociedad que optó por un centro ideológico ocupado por la “agenda de octubre” y la “agenda de enero” —¿se acuerdan?—.

La combinación de ambas demandas viabilizó la solución al entuerto de junio y los resultados de diciembre confirmaron ese equilibrio, porque el fortalecimiento del presidencialismo —ese es el efecto más evidente de la mayoría absoluta del MAS en términos de funcionamiento del sistema político— está acompañado de restricciones a su ejercicio por la presencia de prefectos elegidos por voto y que responderán a su electorado y no a los dictámenes del Palacio Quemado.

Y no me refiero a los problemas de gestión pública sino a las relaciones de poder entre gobierno y regiones que conforman, precisamente, una de las aristas de la transición estatal y que tendrá otro hito decisivo con la realización del referéndum sobre las autonomías departamentales.

Este balance debe orientar las pautas para la convocatoria a la asamblea constituyente, es decir, se debe propender a la búsqueda de un equilibrio entre legitimidad, equidad, representatividad y unión nacional.

Y esto implica una fórmula electoral que combine más de un nivel territorial (circunscripción uninominal, departamental y nacional) y por lo menos dos modalidades de conversión de votos en “escaños” (proporcionalidad, mayoría simple, primera y segunda mayoría) y, además, mediante listas abiertas para que la ciudadanía elija candidatos aptos y dispuestos a la deliberación democrática. Porque de eso se trata, ¿no? Y hay que hacerlo deliberadamente.

*Fernando Mayorga
es sociólogo.