En las últimas semanas el Gobierno ha dado señales claras de su determinación de dar al Estado un nuevo rol dentro de la vida económica y política del país. Estas señales están dirigidas a la constitución de un Estado más fuerte, con una renovada presencia en la economía, sobre todo en los sectores más estratégicos de la misma, dejando de lado el Estado mínimo, o simplemente regulador, que intentaron implantar las políticas de ajuste estructural en Bolivia en las últimas décadas.
Está claro que este deseo responde a la incapacidad del modelo económico y político liberal para encarar un proceso de inclusión social, y de mejora de la calidad de vida de los sectores marginados.
El Estado liberal, que apostaba al dinamismo de la empresa privada y del mercado, no logró mejorar la situación de miles de bolivianos que se fueron excluyendo de un sistema en el que no encontraban ni la calificación profesional ni las oportunidades de mercado laboral para el sustento familiar.
Así, el sistema económico y político se asfixió en su propia inoperancia y generó una amplia contestación social que pidió un cambio en la política y en la economía del país.
El cambio que viene introduciendo la actual administración del presidente Evo Morales tiene, sin embargo, sus riesgos. En este sentido resaltan, en el pasado, las malas políticas públicas aplicadas por empresas estatales en las que se juntaba una cierta ineficiencia en el trabajo, y la subvención del Estado para su propia subsistencia.
Esta realidad hacía notar que el Estado, en sí mismo, no es necesariamente garantía de un correcto manejo de la cosa pública, y que tanto la administración pública como las empresas estatales pueden estar preñadas de las más reprochables conductas políticas y económicas.
Y este riesgo crea muchas incertidumbres sobre la real capacidad del Estado para un manejo adecuado de las actividades políticas y económicas del país. Para ello parece que se hace necesario profundizar en un doble aspecto.
Por un lado, la mejora en la calidad de la administración pública y en los servidores del Estado haciendo de su función y estabilidad una verdadera política de Estado. Lamentablemente Bolivia carece de una Escuela de Administración Pública, lo que debe ser paliado con una formación a través de la educación superior que no siempre responde a las necesidades del Estado.
Por otro lado, no se puede apoyar nuevamente todas las actividades estratégicas en estructuras estatales, prescindiendo del aporte y fiscalización del ciudadano. Por ello se debe encaminar al Estado ya no tanto a un Estado corporativo, sino social y ciudadano, que haga realmente de la función pública un servicio a la sociedad.
*René Cardozo es sacerdote jesuita y diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.
¿Bajón en la bolsa indígena-populista?
Igual que en las bolsas de valores bursátiles, en la política algunos sucesos causan efecto de dominó. A la rotunda victoria electoral de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, siguió el ascenso de Ollanta Humala en las encuestas.
Se buscan asesores económicos
La hiperinflación boliviana de 1984 y 1985 fue una de las más altas en la historia del mundo. Entre mayo y agosto de 1985 los precios crecieron en un 60,000 por ciento. Jeffrey Sachs