Las renuncias
René Cardozo S.J.*

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Una de las grandes limitaciones del Estado boliviano es la fragilidad de muchas de sus instituciones. Esta fragilidad se refleja en la dependencia que existe en ellas hacia las personas que están al frente de las mismas, pero también se refleja en la falta de continuidad de las políticas que van aplicando y la inestabilidad laboral de los que deben llevar adelante estas políticas.

El Estado boliviano ha tomado conciencia de este inconveniente y ha introducido mecanismos para paliar esta dificultad que no siempre han dado los resultados esperados. Un ejemplo de ello es la nominación por parte del Congreso Nacional de muchos cargos jerárquicos del Estado por dos tercios de sus miembros. La finalidad de estas nominaciones estaba en el deseo de que la elección a cargos de importancia estratégica del Estado no se tiña del color político del Gobierno de turno y puedan jugar criterios mucho más amplios a la hora de la elección. Otro criterio utilizado para dar continuidad a las políticas de las Instituciones es la duración de los cargos jerárquicos. Así, muchos cargos tienen una duración de cinco años, o diez, sin importar el cambio de Gobierno y dando estabilidad a las políticas aplicadas.

Todo este proceso, sin embargo, se ha visto truncado por la incapacidad de intereses político-partidarios y corporativos, para dar paso al fortalecimiento de instituciones altamente estratégicas en el Estado. Allí están las enormes dificultades a la hora de encontrar consensos para la designación de muchos ciudadanos en cargos jerárquicos. Los dos tercios parlamentarios se han convertido en una meta tan difícil de alcanzar que se optó en muchos casos por los nombramientos interinos.

Al otro lado están las presiones a las que se someten muchas autoridades del Estado. Estas presiones se acrecientan en la medida en que la institución es más estratégica en un marco democrático de convivencia. Allí tenemos un proceso que se viene utilizando en algunas instituciones que optan por la presión hasta la renuncia sin dar espacio al juicio claro y concreto, y a la prueba de culpabilidad. El recurso a la renuncia deja muchas interrogantes y no constituye un mecanismo que consolide una democracia que se quiere respetuosa de la verdad y de los derechos humanos y laborales.

Es por ello que el ciudadano espera que muchas renuncias, ya ejecutadas o solicitadas por la presión social en distintas instituciones, ya sea que se trate de autoridades jerárquicas del Estado o de distintas instituciones sociales y municipales, tengan un proceso de verdad y justicia, y no se queden en las meras conjeturas y rumores sobre las causas que las provocaron.

*René Cardozo
es sacerdote jesuita y diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París.