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Así anunció ayer el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, quien se refirió a la problemática surgida en las dos provincias, donde los lugareños denunciaron una serie de actitudes irregulares perpetradas por ciudadanos brasileños, quienes detentan superficies de tierras dentro de 50 kilómetros de la frontera, hecho que la Constitución prohíbe expresamente.

Ante los conflictos viajó a esa región una comisión del Ministerio de Desarrollo Rural, del Viceministerio de Tierras y el Director del INRA de Santa Cruz.

El viceministro Almaraz dijo que informó de que se han verificado múltiples y convergentes indicios de ocupaciones ilegales de tierras en extensas superficies situadas dentro de los 50 kilómetros de la frontera con el Brasil, cometidas por personas de nacionalidad brasileña, incluso en las áreas protegidas del Parque Nacional Otukis y Área de Manejo Integrado San Matías, así como en las Tierras Comunitarias de Origen Pantanal y Otukis de los chiquitanos.

Agregó que esas acciones han generado conflictos sociales, que pese a ser denunciados no han sido investigados por el INRA. “Por eso se ordenó la auditoría”.