En un reciente artículo publicado en El País, Carlos Fuentes llama la atención sobre la diversidad de tendencias que existen en los actuales gobiernos de izquierda en América Latina pero que tienen en común la renovación. Establece por ejemplo una clara distancia entre el gobierno de Chávez y el de Lagos; así como las particularidades de los gobiernos de Lula, Kirschner y Vásquez en relación con el liderazgo continental de Cuba; en ese marco sostiene que la llegada de Evo Morales a la presidencia por la vía electoral, implica una gran responsabilidad con la democracia que le permitió su acceso pacífico al poder; y ello es evidente en Bolivia, debido al alto costo que implicó la reconquista de la democracia y la necesidad actual de dotarle de un contenido distinto, en aras precisamente de su preservación.
A pocas semanas de haber asumido la Presidencia de la República, es necesario resaltar el significado cualitativamente distinto de este gobierno a diferencia de los anteriores; en primer lugar, por el conjunto de expectativas sociales que se han generado, tanto por las ofertas electorales como por el significado de la presencia de un líder sindical indígena en el poder. En segundo lugar, porque para una mayoría de bolivianos ha significado un saludable y necesario cambio en relación con las administraciones políticas anteriores. Finalmente, porque su ascenso al poder acontece en un momento de gran convulsión social y crisis estructural, y posibilita la inauguración de un nuevo ciclo histórico en el país.
En estas primeras semanas, el escenario público ha estado ocupado fundamentalmente por temas políticos, señales y discursos ideológicos, necesarios pero que serán insuficientes a la hora de encarar las responsabilidades. El primer signo ha sido la conformación de su gabinete, que incluye a los movimientos sociales denotando un carácter altamente participativo pero con el riesgo de corporativizar al Estado y adquirir tendencias sectorialistas en el manejo de la gestión. En segundo lugar, la austeridad en el aparato público, mostrando que es posible administrar los recursos con mayor eficiencia y desprendimiento; en tercer lugar, la remoción de autoridades jerárquicas de entidades públicas, que ha asumido las viejas formas de destituciones apresuradas y ha sido percibida como un intento de ocupación político partidaria de las instituciones públicas. Se dirá, como señalaron algunos analistas, que este comportamiento no tiene por qué sorprendernos, ya que los anteriores gobiernos también ocuparon masivamente el Estado y actuaron con esa lógica; pero precisamente la responsabilidad que se le demanda al actual gobierno es marcar la diferencia con el comportamiento de las élites políticas anteriores que tanto daño le causaron a la democracia.
Las expectativas sociales y responsabilidades gubernamentales se incrementarán progresivamente respecto a las soluciones estructurales del país, que aún no se vislumbran. Finalmente, en la tendencia a la renovación política que existe en América Latina, la responsabilidad compartida es la de preservar la institucionalidad democrática, porque finalmente se comprende que no se puede hablar de democracia sin participación incluyente y pluralismo, pero tampoco sin eficiencia gubernamental.
*María Teresa Zegada es socióloga.
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