• 23 de enero • La foto de archivo muestra a Costas en el día en que el Presidente lo designó como Prefecto electo, en Sucre.

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Alejandra Vaca Díez, directora de Desarrollo Social de la Prefectura de Santa Cruz, informó ayer que tras la emisión de la Resolución Prefectural 21/06 (el 22 de febrero), esa institución publicó la convocatoria para optar al cargo de director del Seduca, el sábado 24 de febrero.

Consultada sobre la legalidad de la medida, considerando un acuerdo previo firmado entre el Gobierno central y el magisterio urbano y rural para institucionalizar los cargos de educación a nivel nacional, Vaca Díez dijo que el proceso se respalda en la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, el Decreto Supremo 24447 (que reglamenta la ley de Participación Popular) y en una resolución prefectural “firmada por nuestros 23 consejeros departamentales y el presidente del Gobierno Departamental” (el prefecto cruceño Rubén Costas).

La posición oficial del Ministerio de Educación al respecto es que las prefecturas no pueden lanzar estas convocatorias y que, por lo tanto, el Gobierno no reconocerá a ninguna autoridad electa en esas condiciones, según se informó desde esa cartera.

El acuerdo entre la administración central y las confederaciones del magisterio urbano y rural preveía la institucionalización progresiva de los cargos, empezando por los directores interinos de unidades educativas, pasando luego por la de los 274 directores distritales, para llegar a los nueve Seduca.

Según el matutino El Nuevo Día de Santa Cruz, el magisterio urbano cruceño apoya la institucionalización, pese a la oposición manifestada por los rurales.

El Gobierno y Costas empezaron su distanciamiento la semana pasada, cuando el Prefecto anunció la emisión de un “decreto prefectural” para normar el uso de cuencas. La propia resolución para elegir al director del Seduca se presentó con el rango de “decreto”. El experto en temas de descentralización, Rubén Ardaya, dijo ayer que llamar decreto a una resolución no es un problema. “Es sólo cuestión de semántica, llámese decreto o resolución prefectural el contenido no varía. El problema es que el Gobierno tardó en crear una nomenclatura para los prefectos elegidos”.

En cambio, el ex ministro de Descentralización Departamental Marcelo Renjel advirtió que un decreto prefectural no tiene ningún valor. “Técnicamente el documento está bien elaborado, pero no tiene ninguna vigencia. La norma no contempla decretos prefecturales, sí resoluciones”.