¿Asamblea Constituyente o fundacional?
Rolando Morales Anaya*

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La Asamblea Constituyente (AC) tiene el único objetivo de modificar la Constitución Política del Estado (CPE). En el orden institucional en el que vivimos no es de competencia de la AC: a) Aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de Bolivia, b) Dar órdenes a las FFAA, c) Legislar. Se pone énfasis en estas aclaraciones como respuesta al contenido de los discursos de varios dirigentes políticos.

Algún dirigente, acompañando su discurso sobre la AC, dejó deslizar la expresión “refundación de Bolivia”, que puede ser interpretada de dos maneras diferentes: a) una manera poética destinada a relievar la importancia de las modificaciones en la CPE, las cuales pueden ir desde el cambio de una palabra hasta su cambio total, b) una manera textual en el sentido en que desaparecería la Bolivia actual para dar paso a otro país. Esta última interpretación parece absurda, pero, sin temor a equivocarme, creo que es la que sostiene alguna gente, en particular, aquellos que piensan que la AC puede tener otras funciones que la de modificar la CPE. Si este punto de vista prevaleciera, constituiría una experiencia única en la historia de la humanidad, pues, por primera vez, un país desaparecería por voluntad de sus ciudadanos para dar lugar al nacimiento de otro país. Sería algo así como cuando los socios mayoritarios de una empresa decidieran liquidarla, para constituir, con sus restos, un nuevo emprendimiento. Si bien esto es posible hacer con una empresa, es muy difícil hacerlo con un país, pues, en él vive una sociedad cuyo conjunto de valores o normas que habría que modificar no puede cambiarse por la simple decisión de una asamblea.

No sólo esto es absurdo. Durante años, los bolivianos y otros latinoamericanos hemos protestado por la ineficiencia de nuestros parlamentos. En Bolivia, algunos sector populares llegaron al extremo de amenazar con el uso de la fuerza a los parlamentarios para que estos muestren más eficiencia. Ahora resulta que con las propuestas de AC que se manejan por aquí y por allá, se propone formar una suerte de segundo parlamento, con todos los vicios y defectos del primero.

Finalmente, en ausencia de propuestas para debatir en la AC, todo hace pensar que el tema predominante será el de las autonomías departamentales a no ser que este tema sea resuelto previamente vía referéndum. El principal impacto de las autonomías sobre las personas será el cambio de sujeto, del Estado Nacional al Estado Departamental, en la contradicción histórica e intrínseca entre el Estado y la sociedad civil. Para los que están incluidos en el Estado, ello puede tener alguna significación, para el resto, ninguna.

Es conveniente que el referéndum para las autonomías se realice antes de la AC para dejar espacio en ésta para discutir los temas fundamentales relativos a la CPE. Previamente, a la palabra autonomía habrá que darle un contenido preciso, pues, hasta ahora, no se nos ha explicado cuál es la propuesta.

En un país donde la representatividad popular o partidaria está en crisis, una modificación de la CPE no debería ser hecha por 200 ó 300 “representantes”, sería mejor hacerla a través de una metodología que considere una mayor participación ciudadana, como, por ejemplo, la utilizada para la realización del Diálogo Nacional II, que partiría desde las bases y terminaría en una aprobación congresal; ello tendría la ventaja de ahorrar recursos para el Estado, evitar la pelea campal que se anuncia por el número de asambleístas y la forma en que serían elegidos y dar al Gobierno la paz que requiere para poner en marcha un programa económico destinado a disminuir el empleo y asegurar un desarrollo sostenido.

*Rolando Morales Anaya
es economista.