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A raíz de una denuncia, la sección cultural de La Razón ha publicado en los últimos dos días, sendas notas sobre una colección de piezas precolombinas de origen boliviano que se estaría ofertando por el ciberespacio.

Al respecto me permito aportar con algunas aclaraciones:

- La Constitución Política del Estado en su Artículo 191 señala, con claridad, que es el Estado el propietario de los bienes arqueológicos de la nación. Disposiciones concomitantes efectivamente prohíben su comercialización y exportación. Quien lo hubiese hecho no puede argüir “desconocimiento”. La infracción está hecha, y lejos de pagar nada al infractor, debería sancionársele. Me parece un despropósito que, en lugar de eso, se esté pensando en pagarle a la viuda de Hirsh para que las piezas en cuestión vuelvan al país.

- Me parece inaudito que el señor Alejandro Machicao, encargado de Cultura de la Cancillería, declare que el Sr. Hirsh se vio sorprendido en su buena fe cuando adquirió las piezas acá, y que está promoviendo que el Congreso negocie con la dueña. Es decir que está promoviendo un acto ilegal, recompensando a alguien por haber burlado a las autoridades y pueblo bolivianos, en vez de promover su decomiso como corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores.

- Se señala que el Sr. Machicao hace seis años conoció la colección personalmente en Nueva York. Me pregunto qué le acredita como experto en el tema. ¿Es arqueólogo?, personalmente no creo conocerle.

- Y a propósito de expertos, ¿hay alguno que, aparte del Sr. Machicao, pueda dar testimonio de la falsedad o veracidad de las piezas que se han puesto en venta? Personalmente creo que el 99 por ciento de las piezas cuyas fotos se aprecian en el portal canadiense son FALSAS, de un estilo clandestino que empezó a popularizarse en el mercado negro hace mucho tiempo, quizás desde la época de Posnansky, y que —por lo visto— ha tenido mucho más éxito del que sus inventores seguramente esperaron, puesto que ha servido y sirve para engañar a ilusos e, inclusive, a quienes se supone conocedores, y en eso incluyo a los denunciantes y al Viceministerio de Cultura.