Autonomía
Álvaro Zuazo*

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El planteamiento de representantes cívicos y políticos de Santa Cruz respecto de la “vinculatoriedad” departamental del referéndum autonómico es absolutamente justo, legítimo y técnicamente sustentable.

Y eso porque las autonomías no tendrán jurisdicción nacional, sino departamental. Por tanto, es a la población de cada departamento a la que atañe decidir si la quiere para sí o la rechaza. Luego, si Santa Cruz decide que esa es la mejor opción para administrarse, es un asunto que compete a los bolivianos de esa región, no a los de Guaqui.

La razón es que no está en juego, ni debiera estar en riesgo, la soberanía nacional, sobre la que sí corresponde pronunciarse a la totalidad del pueblo boliviano por los mecanismos pertinentes.

Así, la “vinculatoriedad” departamental es un derecho que no tiene por qué incomodar a nadie, una vez consensuada en el ámbito nacional, por ejemplo, la distribución de impuestos.

La pertinencia de la demanda no sólo tiene base doctrinal sólida, responde también a un proceso histórico de legitimación, reflejado en acuerdos políticos previos.

Pero es muy distinto que un pueblo decida mayoritariamente por la que considere la mejor opción para manejar sus dinerillos, obviamente sujeta en lo que toque a todos a los designios de la nación mediante la normatividad pertinente, y otra que un sector que se atribuye su plena representación —aunque margina a otros dirigentes de la región— trate de llevarse por delante a quien opine distinto con advertencias de que “correrá sangre”, cuando la mesa está servida para el debate y no para la autopsia.

Otra cosa es amenazar al presidente con un apocalipsis y menguar su derecho a disentir porque sólo tiene 53,7% de los votos. Peor si el “presidente del gobierno prefectural” de Santa Cruz, que participa en la iniciativa, no mereció esa mayoría en su departamento. Más aún si empieza a firmar “decretos” y medidas unilaterales con las que parece desbordar sus competencias, sembrando dudas sobre las derivaciones o desviaciones del proceso autonómico. “No me ayuden tanto compadres”, diría una autonomía cruceña deseosa de nacer.

“Este país”, como repiten algunos autónomos, más que autonomistas, tiene poderes constituidos y un gobierno que, nos guste o no, ha surgido de las urnas. Tiene plena legitimidad y legalidad, también en Santa Cruz. Con 33 por ciento de los votos en el departamento, cabe considerar la posibilidad de que cuente con algún simpatizante, además de Adriana Gil. Tal vez, el 70 por ciento de apoyo en la ciudad que le da una reciente encuesta merezca alguna reflexión.

Pero tampoco le hacen bien a nuestro país las presiones del gobierno, con denuncias no probadas o con radicales en aprestos contra el Congreso, para que se haga su voluntad constituyente y fundante, porque entonces se estará asemejando a las corporaciones contra las que, al menos en Santa Cruz, se planteó como alternativa.

*Álvaro Zuazo
es periodista.