La Prefectura de Tarija, frente a las denuncias sobre la creación de un "mini Estado" tarijeño gracias a la Ley 3065 que le permite exportar gas natural, defendió la legalidad de esa norma, reivindicó su derecho a usar ese energético y develó que hay una “campaña sistemática de desestabilización y desintegración” que incluiría a la cúpula del Ejecutivo.
“El departamento de Tarija quiere industrializar su gas”, señala un informe divulgado ayer en el que se denuncia que “bajo una visión centralista han surgido voces que buscan prohibirle a nuestra región desarrollar emprendimientos productivos sobre la base del uso y/o transformación de este recurso natural, como autoriza la Ley 3065, promulgada el 30 de mayo de 2005”.
El informe surge en respuesta a las denuncias efectuadas por tres conocedores en temas hidrocarburiferos, quienes señalaron que el actual prefecto Mario Cossío, cuando era presidente de Diputados, hizo aprobar la Ley 3065 para posibilitar la exportación del gas natural sólo con una decisión departamental siendo que el gas es del Estado.
El comunicado explica que “esta acción se enmarca en una campaña sistemática de desestabilización y desintegración, la cual se inició con el rechazo a la Declaración de Tarija”.