Existe un largo debate sobre cuáles son los determinantes del crecimiento y el desarrollo en un país. Entre las explicaciones tradicionales están que algunas economías son más pobres que otras porque no tienen ahorro nacional suficiente para invertir, por lo tanto sus tasas de acumulación de capital son muy bajas. También es común escuchar que un país no crece lo suficiente porque no tiene capital humano o porque sus niveles de innovación tecnológica son muy bajos; en ambos casos el resultado es insuficiente productividad en la economía. Estas explicaciones clásicas, sobre por qué una determinada economía no crece, han ayudado a entender parcialmente los orígenes de la pobreza y el subdesarrollo. Los economistas aún conocemos muy poco sobre los determinantes últimos del crecimiento económico.
Una nueva línea de investigación en la academia internacional señala que los secretos del crecimiento económico se encuentran no solamente en las diferencias de capital o tecnología sino en la arquitectura institucional con la que cuenta un país. Siguiendo trabajos pioneros de Douglas North se entiende instituciones como las reglas de juego, formales e informales, en una sociedad que moldean la interacción entre las personas. Estas reglas de juego tejen una estructura de incentivos y restricciones económicas, sociales y políticas que determinan la acción de los individuos. Es decir, las reglas de juego de un país, plasmadas en su Constitución, sus leyes y códigos de conducta no escritos, influencian la inversión en capital físico, humano y tecnología, y además condicionan
la forma de organización de la producción y la distribución de la riqueza. Un ejemplo que colocan Acemoglu, Johnson y Robinson, en el trabajo Institutions as Fundamental Cause of Long Run Growth, es que los británicos establecieron instituciones económicas en sus colonias con diferentes resultados sobre el desarrollo de estas regiones. En el Caribe crearon instituciones económicas opresivas basadas en el esclavismo y destinadas sólo a la extracción de rentas. Así mismo, las instituciones políticas implementadas en el Caribe concentraron el poder político en las élites ocupantes y construyeron un aparato estatal para extraer rentas y controlar a la población. Resultado del arreglo institucional: pobreza y subdesarrollo. Al contrario, en Estados Unidos, Canadá o Australia, donde los británicos decidieron quedarse a vivir, establecieron reglas de juego económicas que protejan los derechos de propiedad y estimulasen la inversión y prosperidad. En estas regiones los colonizadores ingleses levantaron reglas de juego políticas que buscaban equilibrios entre las élites políticas y económicas. El resultado: Riqueza y prosperidad económica. Éstos son ejemplo de determinismo institucional.
Esta introducción teórica e histórica me permite polemizar con la idea de que Bolivia tiene una estructura institucional, herencia de la colonial y republicana que impide su desarrollo económico y que lo único que necesitamos es un cambio radical en las reglas de juego económicas y políticas para que nuestra economía crezca sostenidamente y se vayan resolviendo los problemas de pobreza y falta de competitividad. Como muy bien señala mi amigo Ricardo Calla, Bolivia sería una especie de Frankenstein institucional. La Constitución y las leyes económicas tendrían origen romano; el Estado, con sus tres poderes, tendría un origen anglosajón; las prefecturas son influencia francesa, los municipios tienen gusto español, el Tribunal Constitucional tiene dejo alemán y el defensor del pueblo tiene origen nórdico.
Sin duda este chenko institucional manda señales confusas a los actores económicos y no incluye instituciones indígenas. Siendo el diagnóstico correcto, el solo cambio de estas reglas de juego, vía Asamblea Constituyente, no implica que automáticamente se genere producción, riqueza y empleo. Intuyo que detrás de las expectativas excesivas que se crean en torno del cambio de la Constitución se esconde un fundamentalismo institucionalista que es el espejo inverso del fundamentalismo de mercado. Este último se repetía el mantra: mantenga los precios correctos que llegará el desarrollo; ahora se repite una y otra vez: cambiemos las instituciones que el elixir del crecimiento fluirá. La idea de que únicamente se necesita el cambio de reglas de juego subestima el poder de las políticas públicas. Querer resolver los problemas de crecimiento económico apostando sólo al cambio institucional vía Asamblea Constituyente es ingenuo y retrasa las acciones que ahora se deberían estar tomado en materia de política energética, minera, industrial, agropecuaria y turística, por ejemplo. Una nueva Constitución, básicamente principios y procedimientos, no substituye a las políticas públicas; por lo tanto, el Gobierno debe hacer gestión desde ahora y no esperar dos años hasta tener nuevas reglas de juego. Como se decía en los años ochenta, el hambre, la pobreza y el desempleo no esperan.
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