Falta de políticas y manejo del Estado
Juan L. Cariaga*

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Al parecer, el Gobierno, a toda costa, estaría tratando de poner en agenda la Asamblea Constituyente para mediados del presente año, con el propósito fundamental de poder copar, en un futuro cercano, todos los espacios de poder que le permita la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado.

Por otra parte, el Gobierno, al parecer, también estaría retrasando la puesta en práctica de su no explicitado programa de gobierno, con la esperanza de que la Asamblea Constituyente sea la que lo haga y luego el Poder Ejecutivo se responsabilice de su ejecución.

Sobre la base de estas premisas, parecería entonces razonable suponer que el Poder Ejecutivo hasta ahora no ha dicho nada acerca del supuesto nuevo modelo económico; no ha anunciado el programa social para salud, educación y vivienda; no ha establecido las bases para la exportación e industrialización del gas; no ha dicho nada sobre la transformación de la matriz energética; no ha planteado una política de relaciones exteriores y no ha determinado su política de servicios públicos —para mencionar sólo algunas de las graves ausencias de políticas y acciones en los asuntos de la administración del Estado— porque piensa hacerlo con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.

Sin embargo, si en efecto la Asamblea Constituyente no puede instalarse antes del 6 de agosto del 2006 y, más importante aun, si ésta no es capaz de producir los resultados esperados en un tiempo más o menos oportuno, entonces no debería parecernos razonable que el Gobierno retrase la ejecución de su programa, a la espera de la Constituyente.

En efecto, las experiencias constituyentes, tanto en Bolivia como en otros países vecinos y de fuera del continente, nos muestran que, lamentablemente, éstas pueden tomar demasiado tiempo. Por ejemplo, la Constitución de Colombia demoró más de cuatro años en ser aprobada y la Constitución de Brasil tomó un tiempo más o menos similar. A esto, además, deben sumarse las dificultades e incertidumbres que permanentemente afrontamos los bolivianos por lograr el consenso necesario para la aprobación de cualquier instrumento legal.

Por otra parte, para pronta sorpresa del Gobierno, es previsible además que, luego de pasada la luna de miel de los primeros noventa días, la población seguramente exigirá los primeros resultados de la gestión del Gobierno y, si éste no es capaz de mostrarlos, rápidamente, caerá en una acelerada espiral de deterioro, como lo hicieron varios gobiernos anteriores, que no pudieron presentar un programa creíble, coherente y consistente, dentro del período que el estadista francés Valéry Giscard D’Estaing denominó el ´estado de gracia´.

Por lo tanto, sería deseable que el Poder Ejecutivo se remangue las mangas y que, seriamente, se ponga a trabajar en su programa de gobierno. Esto, no solamente para evitar que la nueva administración caiga en el rápido deterioro, sino también para que los urgentes asuntos de la administración del Estado puedan ser adecuadamente atendidos. Muestras de esta falta de políticas son, por ejemplo, las decisiones y contradicciones de la reciente intervención ´preventiva´ del Lloyd Aéreo Boliviano y las posibles pérdidas de los mercados de soya, que le significan al país por lo menos 200 millones de dólares, y las de las preferencias arancelarias del ATPDA, que le significarán al país una pérdida adicional de 400 millones de dólares, muy difíciles de vender a otros mercados, justamente debido a la falta de una adecuada política de comercio exterior.

Creo que es importante recordarle al Gobierno que los países se gobiernan y se administran en base a políticas y programas serios; de otra manera, ante la ausencia de éstos, se seguirán cometiendo muchísimos errores, a un costo que puede ser muy elevado para el país.

*Juan L. Cariaga
es economista y escritor.