• CONFLICTO • Este es el momento en que los fiscales se alejan de la empresa, ayer en la ciudad de Santa Cruz.

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En España, el Gobierno, la compañía y los empresarios de ese país manifestaron su preocupación por el hecho y pidieron que se aclare la situación.

El miércoles, el juez décimo de Instrucción en lo Penal, Zenón Rodríguez, ordenó la suspensión provisional de la investigación contra la petrolera, porque Repsol había presentado un recurso para que se analice si el caso continuaría por la vía penal o administrativa. Sin embargo, ayer por la mañana, Rodríguez revisó su decisión, confirmó él mismo a este medio en contacto telefónico.

Basados en esa decisión, y luego de que ambos ejecutivos no se presentarán a declarar, los fiscales irrumpieron en la oficina de Andina munidos de una orden de allanamiento.

Gavito y Sánchez no estaban en la oficina, por lo que no fueron llevados a la Fiscalía.

Andina fue acusada por la Aduana de supuesto contrabando de crudo y falsificación de documentos, aunque la empresa en reiteradas ocasiones se declaró inocente y admitió problemas de tipo administrativo.

“La Fiscalía, en un acto ilegal ha hecho traer una orden de allanamiento y requisa de las oficinas de Repsol. La orden no hablaba de detención de nadie, solamente era allanamiento y requisa de las oficinas para sacar información. Sacaron información y es todo”, dijo ayer el gerente de Adquisiciones Extranjeras de Repsol, Miguel Cirbián, a la agencia de noticias AFP.

Luego, el fiscal Centenaro aseguró que ya existe una orden de detención contra los dos ejecutivos de Repsol y dijo que “no hay fecha para que declaren, lo pueden hacer el momento que deseen”.

La información del allanamiento causó gran preocupación en España. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país confirmaron que el canciller Miguel Ángel Moratinos urgió al embajador español en Bolivia, Juan Francisco Montalbán, a clarificar la situación, informó la AFP desde Madrid.

El secretario de Estado español para Asuntos Exteriores, Bernardino León, dijo ayer a EFE, en Lima, que el intento de detener a los directivos de Repsol-YPF “es una enorme preocupación para España” y calificó esta acción como “injusta”. León, que se encuentra de visita en Perú, confió en que “se pueda encontrar una solución y evite este halo de una actuación irregular por parte de Repsol, que no nos parece justa”.

Sobre el tema, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, dijo a este medio que no se pronunciará sobre el allanamiento “por la independencia de poderes”, mientras que sobre el pronunciamiento del Gobierno español, la autoridad señaló que la oficina encargada de responder es la Cancillería de la República.

En un comunicado oficial, la compañía en Bolivia reiteró su inocencia de los cargos y pidió que se aclaren las circunstancias que han rodeado el “allanamiento de sus oficinas”.

“Las supuestas órdenes de aprehensión” contra los ejecutivos, “en caso de existir, son inválidas y carecen de sustento jurídico, debido a que los fiscales están inhibidos para dictar una medida de esa naturaleza en el proceso”, según Repsol.

Andina, además, recusó ayer al mismo juez décimo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, que el miércoles suspendió la investigación contra Gavito y

Sánchez en relación con contrabando de petróleo y falsificación de delitos aduaneros.

Sin embargo, para la Fiscalía, la resolución que emitió el juez el pasado miércoles “fue totalmente arbitraria que obstaculiza la investigación”, aseguró el fiscal Centenaro.

“Al parecer, su asesor legal no se ha dado cuenta de que nosotros hemos pedido una complementación o enmienda a ese auto, porque es totalmente arbitrario”, aseguró el Fiscal.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid expresó ayer su solidaridad con Repsol por el allanamiento a las oficinas de la compañía.

En un comunicado, esa organización empresarial destaca que Repsol lleva a cabo, desde hace tiempo, “importantes inversiones, no sólo en Bolivia, sino también en otros países de Iberoamérica, esto genera riqueza y creación de empleo para todas esas naciones donde desarrolla su actividad”. Redacción La Razón, EFE y AFP

El caso

Acusación • El pasado 20 de febrero, la Aduana Nacional de Bolivia demanda a la filial de Repsol YPF por un supuesto contrabando de 230.399 barriles de petróleo entre junio de 2004 y julio de 2005, valorado en 9,2 millones de dólares.

Viaje • Una semana después, en pleno proceso, el Ministerio Público dictó orden de aprehensión contra Gavito y Sánchez por no presentarse a declarar en la primera citación. Luego, la retiró, porque sus abogados presentaron permisos por un viaje.

Detención • Desde ayer nuevamente, los dos ejecutivos de Repsol tienen orden de aprehensión, por no haber asistido a declarar en la Fiscalía sobre el tema. Ellos recibieron el miércoles por la tarde la resolución firmada por el juez de que la investigación quedaba en statu quo por el momento.

El allanamiento

Resolución • El miércoles 8 de marzo, el juez Zenón Rodríguez emite una resolución en la que decide suspender la investigación . En el documento se da tres días a la Aduana y a los fiscales para que presenten argumentos para que el caso vaya por la vía penal, tal como ellos lo solicitan.

Espera • Para ayer estaba prevista la declaración ante la Fiscalía de los principales ejecutivos de Andina, Julio Gavito y Pedro Sánchez, pero no asistieron.

En Andina • Los fiscales y la Policía llegaron a las oficinas de Andina en Santa Cruz e ingresaron para buscar a sus ejecutivos.

España • El Gobierno considera las acciones contra Repsol injustas y Repsol en España pide aclarar el tema.