La empresa Repsol YPF, mediante comunicado de prensa en el que resalta su voluntad de seguir trabajando en Bolivia, insiste en rechazar las acusaciones por supuestos delitos de contrabando y falsificación de documentos aduaneros. Ambos argumentos han llevado a la Fiscalía especializada en Aduanas a iniciar un proceso penal, a emitir órdenes de detención contra dos ejecutivos de la petrolera y a allanar sus instalaciones en Santa Cruz.
Repsol ha presentado un recurso de Hábeas Corpus que debe resolverse en audiencia de hoy, en la Corte Superior de Distrito.
La empresa explica que la querella debe resolverse en el ámbito administrativo y no judicial, y que los directivos Julio Gavito y Pedro Sánchez no firmaron formulario alguno de exportación en relación a los cargos.
"Repsol confía en la independencia del Poder Judicial de Bolivia", reza el comunicado.