La soya, el TLC y los impuestos
José Luis Roca*

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El buen señor se tomó la cabeza con las manos y exclamó: “por favor, no sigan sembrando soya pues yo mismo no tengo a quien venderla”.
Luego de la visita del presidente colombiano, Álvaro Uribe (a quien debemos agradecer por habernos hablado con franqueza, sin subterfugios ni eufemismos) no queda duda alguna de que el villano que amenaza destruir lo que parecía una boyante economía boliviana, se llama TLC.

Durante muchos años gozamos de un mercado protegido para la soya en virtud de acuerdos comerciales dentro de la Comunidad Andina. Todos sabíamos que esos privilegios no iban a durar mucho tiempo.

Y llegó el día en que Colombia, atendiendo a sus respetables intereses nacionales, decidió firmar un TLC con Estados Unidos.

¿Por qué ese TLC se llevó de rastras a la soya boliviana?

Se la llevó porque EEUU tiene sobreproducción de soya y necesita vender más. No le basta con exportar, en toneladas métricas, 706 mil de aceite de soya, 30 millones de soya en grano y 5.5 millones de torta de soya. El déficit de su balanza comercial ya clama al cielo.

Los cultivos de soya se encuentran en 31 estados; representan una tercera parte de la producción total de granos de EEUU y el 40 por ciento de la producción mundial de soya.

Con esos datos, no es difícil calcular el poderío que ostenta el lobby granelero tanto en la Casa Blanca como en Capitol Hill y el Departamento de Estado. Para contrarrestarlo, se ha anunciado el viaje a Washington del vicepresidente García Linera y del canciller Choquehuanca. El papelón que seguramente harán esos dos altos dignatarios, se debe a la presión de los productores locales quienes injustamente culpan al gobierno de lo que ocurre.

Y aquí viene el dato aterrador. Según el ´Farmers Weekly Report´, el 70 por ciento de la estructura del precio de la soya de EEUU proviene de subsidios estatales. Todo eso lo sabía el doctor Konklin, eminente y afable profesor de la Universidad de Cornell quien también era productor de soya en el estado de Nueva York y estuvo en Bolivia en 1986. Me tocó acompañarlo a Santa Cruz donde, desde el avión, yo le mostraba orgulloso los campos de soya. El buen señor se tomó la cabeza con las manos y exclamó: “por favor, no sigan sembrando soya pues yo mismo no tengo a quien venderla”.

Los precios de la soya (y de los demás productos agrícolas) son regulados por un monstruo estatal llamado Commodity Credit Corporation (CCC) que acopia inmensos volúmenes de granos para soltarlos al mercado mundial en el momento que convenga a EEUU. A la CCC no le interesa para nada el sufrimiento de países pobres cuya economía está amarrada a la exportación de una commodity agrícola. La CCC es el equivalente al “Government Stockpile” que nos hacía llorar en otras épocas. EEUU compraba estaño de todo el mundo y lo acumulaba para venderlo en el momento oportuno para ellos, al precio que ellos fijaban. ¿Y Bolivia? ¡Que se joda!

Ahora se alzan voces exclamando que estaríamos mejor si Bolivia (siguiendo el ejemplo colombiano) suscribe un TLC con EEUU.

¿Qué cosa? Un acuerdo de esa naturaleza significaría una preferencia absurda para la industria pesada y liviana del imperio en detrimento de nuestras importaciones que provienen de otros países como la Unión Europea, Japón, Corea y China.

Quienes abogan por un Tratado de Libre Comercio con EEUU, ¿por qué no piden que hagamos lo mismo con el resto del mundo, incluyendo a China y a India? Así lo ha hecho, sabiamente, Chile.

Hasta donde modestamente puede hacerlo, el gobierno boliviano subvenciona la soya y otros productos agrícolas con el precio del diesel. Pero no debe pararse ahí sino abrirse a otros campos como la eliminación total del arancel aduanero y del suicida IVA-Importaciones a todo lo que importamos, sin excepción alguna. Es una regla que beneficiaría a las actuales y futuras industrias de todo tipo, sean ellas grandes, inmensas, medianas, pequeñas, micro o mini.

Debido a una mala percepción del problema o, quien sabe, influido por trasnochadas ideologías, el gobierno del MAS está prohijando un proyecto de ley para no devolver las sumas que el estado adeuda a empresas petroleras, mineras y madereras, por concepto del inefable CEDEIM que alcanzan a unos 70 millones de dólares.

El CEDEIM es un mecanismo tramposo que promete devolver impuestos a las empresas, una vez éstas prueben que han exportado. Los impuestos se cobran en frontera e incluyen arancel aduanero, IVA y otros tributos que suman hasta el 40% del valor de bienes de capital e insumos industriales importados.

La no devolución del CEDEIM sería un asalto a mano armada, un contrasentido económico y una violación constitucional. Es difícil creer que Evo se esté metiendo en ese enredo que anularía el efecto de las cosas buenas que hace.

Una sana decisión implica no sólo pagar el CEDEIM sino, además, abrir el mercado boliviano a importaciones del mundo entero mediante la adopción del Arancel Cero Unilateral de Importaciones (ACUI). De esa manera se salvaría no sólo la soya sino que podríamos convertirnos en un país próspero aprovechando ese maravilloso y subutilizado recurso natural intangible que nos ha otorgado Dios: nuestra posición geográfica y geopolítica.

Bolivia podría convertirse, si así lo desea, en una potencia exportadora, pero, sobre todo, reexportadora.

*José Luis Roca
es abogado e historiador.
jlrocag@acelerate.com