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“Aprobamos reformas a la ley de hidrocarburos y las petroleras deberán entregar el 60% de los ingresos extraordinarios al país y quedarse con el 40%, cuando estaban beneficiándose con el 100%”, expresó el diputado indígena Salvador Quishpe.

La repartición se refiere a la diferencia entre el precio fijado en los contratos y el real en el mercado y no tendrá efecto retroactivo. La ley aprobada el miércoles por la noche por una mayoría absoluta del unicameral Congreso (con 100 curules), generaría al Estado ecuatoriano hasta 700 millones de dólares anuales.

Sobre el tema, el Partido Social Cristiano (PSC, derecha) —el principal bloque en el Congreso con 25 escaños— alertó sobre los efectos que podría generar la ley al no respetar los contratos y se opuso a su aprobación. “Las demandas internacionales por modificar los contratos le pueden costar mucho dinero al Estado”, expresó Carlos Torres, del PSC.

Analistas y juristas consultados sobre el tema establecen que la ley como fue aprobada tiene varias inconsistencias jurídicas que pueden traer problemas a Ecuador ya que viola normas y acuerdos internacionales.

La Asociación de la Industria Hidrocarburífera de Ecuador admitió la posibilidad de que el Estado renegocie los contratos por separado, negociando con cada una de las empresas que opera en esta nación sudamericana, y puntualizó que “los mejores negocios son los que permiten que ambas partes ganen”. Quito, AFP-DPA