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El Congreso, que había aprobado esas reformas con un reparto del 60 por ciento de las ganancias extraordinarias en favor del Estado y el 40 por ciento para las petroleras extranjeras que operan en el país, recibió el viernes el veto a la enmienda por parte del Ejecutivo, que plantea un reparto del 50 por ciento para cada una de las partes implicadas.

El presidente de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera

de Ecuador, René Ortiz, dijo ayer a EFE que la decisión, tanto del Parlamento como del Ejecutivo ecuatorianos de reformar la Ley de Hidrocarburos para la redistribución de las ganancias, constituye una “barbaridad jurídica” y una “inconstitucionalidad”.

Ortiz lamentó que el Gobierno no haya acogido la sugerencia de

las empresas petroleras privadas para alcanzar el mismo objetivo de lograr mayores ingresos, mediante una negociación de los contratos individualmente.

El representante de las multinacionales en Ecuador señaló que la reforma aprobada por el Parlamento, vetada parcialmente por el Ejecutivo y que debe ser nuevamente estudiada por el Legislativo, viola la Constitución porque interfiere en contratos suscritos.

El representante de las compañías extranjeras anotó que éstas se guardan el derecho de plantar una demanda ante el Tribunal Constitucional de Ecuador, aunque todavía no se ha definido la fecha, pues el Parlamento tiene treinta días para pronunciarse sobre el veto parcial del Ejecutivo. Quito, EFE