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El convenio especifica que los vendedores de películas piratas no podrán vender por ningún motivo cintas de producción nacional y en el caso de los filmes de estreno, sólo podrán venderse un tiempo después de que éstos hayan salido de la cartelera de los cines. Para lograr el acuerdo, la Alcaldía de La Paz sirvió de facilitadora e intermediaria. Además, el acuerdo tiene el respaldo del Gobierno Municipal en sentido de que éste controlará con la Guardia Municipal que el convenio se cumpla a pie juntillas.

¿Cómo es que se debe entender este acuerdo? Los funcionarios municipales aclararon que el acuerdo no legaliza la piratería, pero por donde se vea el convenio es insólito, confuso y se presta a una serie de interpretaciones. Es más, se podría creer que se está avalando la legalización de la piratería en La Paz.

Si este es un remedio que pueda poner freno, mas no fin, a la enfermedad que se llama piratería de películas, puede ser que se esté frente a una medida peor.

En este convenio no se entiende ¿dónde queda la lucha frontal contra la piratería? Si de lo que se trata es de prohibir la reproducción ilegal y de hacer prevalecer el derecho de autor.

Ahora bien, se entiende que las películas bolivianas estarán protegidas porque la prohibición es total, pero ¿qué pasa con el resto? Pretender poner un candado a la piratería se sabe que en las actuales circunstancias es utópico, pero creer que con medias verdades se hará frente a este mal, es peor.