El desmonte de las oligarquías
José Luis Roca*

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Debemos celebrar, pues, el intento pionero para desmontar una de las oligarquías como la del transporte.
Al haber enfrentado a los empresarios del transporte para obligarlos a pagar impuestos, el presidente Evo Morales ha dado un paso corajudo, oportuno y en la dirección correcta.

Esta decisión ha merecido el respaldo unánime de la opinión pública nacional, ahogando así las amenazas de diverso tipo que ha hecho este grupo oligárquico mimetizado entre los ´movimientos sociales´.

Al imponer un gravamen interno a una actividad económica como el transporte, lo que corresponde ahora es liberarla de los impuestos que, irracionalmente, se cobran en frontera como ser, arancel aduanero, IVA-importaciones, IT y otros colgandijos que constituyen el mejor incentivo al contrabando y la ineficiencia.

Lo anterior ha dado lugar a que Bolivia se convierta en un paraíso de motorizados ´chutos´ pese a que no tiene una industria automotriz o siderúrgica que proteger, ni divisas que cuidar, ni recaudaciones que percibir porque, de todas maneras, no las percibe a causa del contrabando.

Tan errónea política arancelaria y fiscal, da lugar a que en el país exista un parque automotor que da vergüenza y rabia el cual, por el peligro que significa para la seguridad pública y para la contaminación del medio ambiente, sería desechado, como basura, en otros países.

Al liberar las importaciones de buses, camiones y automóviles, habremos logrado, de paso, acabar con el monopolio dañino de cuatro o cinco familias cuyos nombres han divulgado los medios y que ahora nos amenazan con paros y bloqueos que no lograrán otra cosa que hacernos sufrir unos días.

El gobierno no debe ceder pues le sobran músculos para imponer su autoridad.

Hay otras oligarquías que, igual a la del transporte, merecen ser desmontadas para bien del país. Ahí están los comerciantes-contrabandistas de la Huyustus y la Eloy Salmón en La Paz, la Cancha en Cochabamba, Barrio Lindo en Santa Cruz y sus equivalentes en cada ciudad del país. Se disfrazan con el inocente título de ´gremiales´ y medran con el desorden que les da la informalidad.

El día en que estos ´gremiales´ paguen impuestos internos y se suprima la alcabala aduanera, Bolivia, por fin, habrá entrado a la modernidad. El mariscal Sucre trató de hacerlo cuando de colonia nos convertimos en república, pero las oligarquías de esa primera época no lo permitieron. Desde entonces vivimos en la cultura del contrabando y de la irracionalidad económica. La desaparición del contrabando (mediante el cobro de impuestos, no en frontera sino dentro del país) equivaldría a la eliminación del narcotráfico cuando las naciones opulentas de Europa y Norte América, hoy dominadas por el egoísmo y la hipocresía, despenalicen el consumo de la cocaína y la marihuana y, más bien, introduzcan restricciones a la comercialización de otras drogas mucho más nocivas como el tabaco.

En lugar prominente de estas peculiares oligarquías, se inscriben las mal llamadas cooperativas mineras que buscan sólo beneficios del Estado sin dar nada a cambio. Se encuentran alrededor de un grupo de presión política llamado Fencomin que ha impuesto un ministro en el actual gabinete y se declara enemiga de los trabajadores asalariados de la minería.

Esos ´cooperativistas´, pertenezcan o no en Fencomin, son los responsables de una actividad minera depredadora que linda con el crimen social. Mantienen a migrantes campesinos en condición parecida a la que tuvieron los indios mitayos durante la colonia. Para sobrevivir, aquéllos deben robar mineral, destruir las mejores vetas y trabajar de noche durmiendo en el socavón, con salarios de hambre, sin importar que sean niños y mujeres.

La acción irresponsable de los cooperativistas, ocasiona que los pobres potosinos vivan con el Cristo en la boca, temerosos de que cualquier día el legendario Cerro Rico colapse en medio de una tragedia ecológica de magnitud incalculable.

La partidocracia derrotada por la revolución de octubre, 2003, fomentó, para su beneficio, la existencia de oligarquías como las arriba enumeradas. Los informales se jactaban de poseer el carnet de los tres partidos que se adueñaron de la escena política durante 20 años. Seguramente ahora están exhibiendo (o pretenden hacerlo) tarjetas de inscripción al MAS.

Evo Morales no necesita recurrir a esos desaconsejables métodos. La sólida legitimidad que le suministró su inusitado y muy amplio triunfo electoral, le permite gobernar sin necesidad de estar capitulando diariamente a favor de quienes lo presionan en contra del interés nacional y popular.

La meta del evismo debería ser gobernar con el apoyo de la sociedad civil en su conjunto y no valerse de grupos que llevan consigo el lastre de un sistema político prebendal y clientelista que pugna por seguir vigente.

Los señores economistas (tan inteligentes y simpáticos ellos) deberían pronunciarse sobre la necesidad de un cambio en las políticas arancelaria y tributaria que el país necesita para su prosperidad y para no sufrir una nueva frustración política.

Debemos celebrar, pues, el intento pionero para desmontar una de las oligarquías como la del transporte. La señora ministra de Gobierno se está luciendo en esta tarea y para ella, todo nuestro respeto.

*José Luis Roca
es abogado e historiador.
jlrocag@acelerate.com